El caso de Julio “Chocolate” Rigau acaba de sufrir un cimbronazo. Un informe pericial realizado por la Policía Federal demostraría que la maniobra implicó una estafa al Estado de al menos $400 millones, solo entre 2022 y 2023, aunque esa cifra se podría multiplicar si se confirma que la operatoria se remonta hasta 2012.
El estudio aterrizó el miércoles en Tribunales y disparó una serie de medidas de prueba urgentes. Y ese mismo día, la fiscal Betina Lacki pidió informes a la Cámara de Diputados, a la AFIP, a IOMA, y al Instituto Previsional Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) para ampliar la pericia.
No es la única novedad en la causa. El abogado de Facundo y Claudio Albini, los dos principales imputados junto a Rigau, Gustavo Galasso, renunciará a su defensa la semana próxima “por discrepancias en la estrategia”, según se supo. Junto a Galaso presentarán su renuncia otros tres abogados.
Los Albini seguirán siendo defendidos por el estudio de Maximiliano Rusconi, que ya había ingresado al expediente en el mes de febrero. De hecho, Gabriel Palmeyro, abogado de ese estudio, estuvo presente en todas las testimoniales que se tomaron en las últimas semanas.
Claudio y Facundo Albini siguen detenidos y su prisión preventiva fue confirmada hace un mes por la Cámara de La Plata.
Claudio ingresó a la Legislatura bonaerense en enero del 2000, cuando la provincia de Buenos Aires era comandada por Carlos Ruckauf. Su primer contrato, en el bloque del PJ, llevaba la firma del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ferro.
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