Allanamientos contra allegados al expresidente

El Gobierno le apunta a exfuncionarios por fraude, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, entre otros delitos

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Días después de que el expresidente Alberto Fernández quedó como imputado en la causa, el juez federal Julián Ercolini ordenó anoche una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga irregularidades en la Anses mediante la contratación de seguros para los jubilados que tomaban créditos, donde se denunció millonarias comisiones que habrían cobrado intermediarios cercanos al exjefe de Estado, que niega cualquier vinculación.

Según fuentes judiciales, efectivos de la División de Delitos Federales de Policía Federal ingresó a los domicilios particulares y comerciales del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker cercano a Alberto Fernández Héctor Martínez Sosa -esposo de María Cantero, secretaria del exprimer mandatario- y del intermediario Pablo Torres García, todos imputados por el presunto delito de administración fraudulenta. Al cierre de esta edición no había precisiones sobre que elementos de prueba habrían obtenido en esos domicilios. Tampoco hubo órdenes de detención.

Denuncia penal

Más temprano, el Gobierno volvió a poner el foco ayer en el escándalo de los seguros en la Anses que involucra al expresidente. En ese sentido, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, el encargado de anunciar la denuncia penal contra los responsables del organismo durante la gestión anterior.

Según detalló Adorni en su habitual conferencia de prensa, la acción legal responde a “irregularidades detectadas en virtud de los seguros y préstamos que se otorgaban a los jubilados”, y abundó: “El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por fraude en la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público; negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; tráfico e influencias; y malversación de caudales públicos”.

Según Adorni, “esto gira en torno a la política de austeridad y transparencia que se ha anunciado para toda la administración pública”.

La presentación judicial firmada por la ministra Sandra Pettovello, el actual titular del organismo, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, apunta contra el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, que en la actualidad es concejal de Unión por la Patria en Quilmes.

A este exfuncionario se lo acusa de haber ocasionado “perjuicio al Estado Nacional por comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros, en el marco de la operatoria ‘Créditos Anses’”.

En esta línea, los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.

Los investigadores que trabajaron en la denuncia del Gobierno presentaron como prueba clave “una nota firmada de puño y letra dirigida a Nación Seguros donde se manifiesta la orden de contratar a empresas determinadas para intervenir en los contratos de seguros de vida para los saldos de los créditos tomados por jubilados y pensionados”.

La presunta maniobra salió a la luz tras una auditoría ordenada por el extitular del organismo bajo la presidencia de Javier Milei, Osvaldo Giordano.

 

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