El capitalismo de Estado llena de desconfianza a la relación entre Lula y los empresarios

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado de injerencia política en algunas de las mayores compañías de Brasil, lo que ha provocado la alarma entre los inversores, que temen que se repitan las invasivas intervenciones del último periodo de gobierno progresista.

Las acciones de la empresa petrolera estatal Petrobras cayeron un 10% en un solo día después de que optó por no pagar dividendos extraordinarios, en contra de las expectativas de los analistas, una decisión que, según su presidente ejecutivo, provino de Lula y sus ministros.

La compañía minera Vale también se ha visto afectada después de que la administración enfrentó acusaciones, que negó, de buscar indebidamente el nombramiento de un polémico aliado de Lula como su próximo presidente ejecutivo.

Además, Brasilia ha presionado para revertir un elemento de la privatización de la empresa eléctrica Eletrobras por parte del anterior presidente, Jair Bolsonaro. En un caso aún no resuelto, el año pasado le solicitó al Supremo Tribunal Federal que anulara una cláusula legislativa que limitaba los derechos de voto del Gobierno al 10%, por debajo del aproximadamente 40% de capital que aún posee en el grupo que cotiza en Bolsa.

Las polémicas han despertado el espectro del activismo estatal que a menudo fracasó o resultó costoso cuando el partido de Lula estuvo anteriormente en el poder a principios de este siglo, que tras un auge terminó en una profunda recesión para la mayor economía de América latina.

Eduardo Figueiredo, responsable de capital brasileño de la gestora de activos británica Abrdn, dijo: “Dadas las experiencias previas de presiones políticas indebidas que no terminaron bien, vemos que estos incidentes tienen repercusiones más allá de las compañías mencionadas. En última instancia, esto le está dificultando a Brasil atraer inversiones”, seg{un informa el Financial Times.

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Lula, exsindicalista que gobernó durante dos mandatos entre 2003 y 2011, defiende un papel más importante del Estado y un mayor gasto público, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la nación, de 200 millones de habitantes.

Durante la campaña prometió gestionar la economía con moderación, pero las recientes declaraciones antagónicas del veterano político han consternado a la clase empresarial.

“Las empresas brasileñas deben coincidir con el pensamiento de desarrollo del gobierno brasileño. Eso es lo que queremos”, dijo Lula el mes pasado, tras decir que Vale -una multinacional del sector privado- “le pertenece a Brasil”.

Tras la caída de las acciones de Petrobras, Lula describió el mercado como un “dinosaurio voraz” que “quiere todo para sí y nada para el pueblo”.

El revuelo en torno a las dos empresas brasileñas de mayor éxito internacional ha causado inquietud en los círculos empresariales, donde los ejecutivos esperaban que el pragmatismo de Lula dominaría su segundo periodo como presidente.

La anterior presidencia del progresista se caracterizó por un crecimiento constante y una creciente clase media, y millones de personas que salieron de la pobreza. Durante su primer mandato de cuatro años se adhirió en gran medida a la ortodoxia económica, antes de inclinarse por la expansión fiscal y las políticas intervencionistas.

Este enfoque más estatista fue promovido fuertemente por su sucesora, Dilma Rousseff, a quien muchos brasileños culparon de arrastrar el país a la peor recesión registrada hace una década, lo que contribuyó a su destitución en 2016.

Durante 13 años en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, concedió créditos públicos baratos a industrias y compañías favorecidas para crear “campeones nacionales” como la empacadora de carne JBS, con resultados mixtos. Muchos grandes proyectos de infraestructuras quedaron sin terminar.

La opinión de los inversores hacia el país sudamericano se ha “deteriorado” recientemente, según Thierry Larose, gestor de carteras de bonos de mercados emergentes del banco suizo Vontobel.

“Estas declaraciones extrañas de Lula son absolutamente contraproducentes”, añadió. Con un sólido crecimiento del PBI de casi el 3% el año pasado y una fuerte balanza comercial, el país corría el riesgo de desaprovechar un momento favorable “intentando volver a implementar viejas políticas tóxicas”.

El gobierno de Lula insistió en que no había habido injerencia política en ninguno de los casos. Dijo que las acciones ordinarias de Petrobras se han revalorizado más de un 60% desde el inicio del tercer mandato de Lula, mientras que la compañía registró recientemente el segundo mayor beneficio de su historia.

Los partidarios de Lula han insistido en que el gobierno tiene derecho a influir en Petrobras, dado que es el accionista mayoritario con algo más de la mitad del poder de voto.

Sin embargo, los opositores temen que se repita la mala gestión de los años del PT, cuando los subsidios a los combustibles impuestos por el Gobierno para controlar la inflación le costaron a la compañía unos U$S40 mil millones. Petrobras también estuvo en el centro de un escándalo de sobornos masivos revelado en la vasta investigación Lava Jato.

Aunque Bolsonaro despidió a una serie de presidentes de Petrobras ante la indignación por los altos precios de los combustibles, por lo demás dejó que la compañía siguiera su estrategia de desinversiones mientras se enfocaba en la producción de petróleo y las ganancias.

Por el contrario, Lula quiere que se reduzcan los pagos a los accionistas en favor de una mayor inversión en áreas como las energías renovables y las refinerías, con el objetivo de estimular la actividad económica.

En el caso de Vale, los expertos en gobernanza corporativa dijeron que no había base legal para que el gobierno interviniera en la selección del director ejecutivo del grupo, privatizado en 1997 y uno de los mayores proveedores de mineral de hierro del mundo.

Un miembro independiente de la junta directiva de la empresa minera renunció este mes alegando “nefasta influencia política” en el proceso de sucesión de su liderazgo directivo.

El Gobierno ya ha abandonado los intentos de colocar a Guido Mantega, exministro de Economía del PT, al frente de Vale, según personas familiarizadas con el asunto.

El ministro de Energía y Minería, Alexandre Silveira, negó que hubiera habido intrusión en Vale o en Petrobras. “Esto no nos impide, como responsables políticos y reguladores, mantener una mano firme sobre las compañías en cuanto a los intereses del país”, le dijo al Financial Times.

Los seguidores de Lula dicen que su política industrial para reactivar la manufactura brasileña ya está dando frutos, ya que fabricantes mundiales de automóviles han anunciado hasta ahora inversiones por un total de U$S14 mil millones para 2024.

Dado que el Congreso brasileño está dominado por los conservadores, los analistas dijeron que el presidente podría enfrentar rechazo si cambiara de rumbo.

El presidente de Jive Investments, Luiz Fernando Figueiredo, dijo: “Sin duda, el impulso del gobierno es terrible. Una vez más, vamos a poner a prueba nuestras instituciones para ver cuánto pueden resistir”.