Más polémica por el proyecto para subir indemnizaciones laborales

El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados bonaerense que eleva la tasa de interés aplicable a las sentencias judiciales en materia laboral, sigue generando polémica en la Provincia.

Como publicara este diario en su edición anterior, la iniciativa establece que para calcular los intereses que se les añaden a las indemnizaciones laborales al momento del pago, se debe tomar la tasa de Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa pura del 6 por ciento anual desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el pago efectivo. Así, se deja de lado como parámetro de cálculo la tasa activa del Banco Provincia. Y si bien el proyecto debe ser tratado aún por el Senado, la controversia va en aumento.

El proyecto fue presentado y defendido por legisladores de La Cámpora, apoyado por la izquierda y por libertarios disidentes. El objetivo de la modificación, según se dijo, es que al momento del cobro de la indemnización por parte del trabajador despedido, el monto no termine siendo erosionado por la inflación.

Para el PRO y legisladores libertarios, la reforma es “inconstitucional”. Y denunciaron que se va a terminar agravando aún más la informalidad y el desempleo”.

La Cámpora, al momento del debate, desechó esos argumentos. “A la única persona que le sirve la mal llamada ‘industria del juicio’ es a los empresarios. Al momento de que a uno lo despiden, el abogado laboralista termina aconsejando que termine aceptando el arreglo debido a las demoras de los plazos de los juicios laborales”, dijo la diputada Soledad Alonso.

“Durante los 4 o 5 años que el empresario no pagó, puede poner ese dinero en una tasa activa y después saca esa plata que le había dado rédito económico para pagarle al trabajador en tasa pasiva”, cuestionó.

La iniciativa que presentó la camporista Maite Alvado, cuenta con apoyo del ministro de Trabajo, Walter Correa, y de gremios como Smata, la CGT y las dos CTA. “El objetivo no es ni la doble indemnización, ni agravar ni nada que se le parezca, como muchas veces se quiso malinterpretar. Es actualizar el monto y en definitiva emparejarlo a los niveles inflacionarios”, señaló la legisladora.

EL PRO y distintos sectores libertarios salieron con los tapones de punta a rechazar la reforma.

“Este proyecto quiere agravar aún más la informalidad y el desempleo. Va a aumentar la industria del juicio, va a seguir fundiendo Pymes, va a dejar más gente en la calle y va a enriquecer a los piqueteros y a los ‘sindigarcas’. La receta del kirchnerismo es siempre la misma: combatir el capital, fomentar el odio a los empresarios”, disparó Guillermo Castello, del bloque Libre.

Y adelantó que la nueva ley será tildada de anticonstitucional por la Suprema Corte debido a que “los intereses aplicables en las relaciones laborables corresponden al Congreso”.

A los cuestionamientos se sumó el diputado del PRO, Martín Endere, que insistió en la inconstitucionalidad del proyecto. “Es importante traer a colación el antecedente de la ley 14.399 de 2012 en el que se trató la modificación del artículo 48 de la ley de procedimiento laboral. Allí se estableció la tasa activa como factor de actualización de los créditos laborales. Dicha ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en 2013”.

“Entendemos que la voluntad es modificar una situación en la que se venían deteriorando los créditos laborales de los trabajadores, pero la iniciativa genera el efecto contrario al que se busca, que es la dilación de los procesos por su carácter de inconstitucional. Las soluciones a la problemática de la aplicación de la tasa pasiva en las indemnizaciones están en manos del Congreso ”, abundó Endere.

El bloque de La Libertad Avanza también cargó contra la iniciativa. “En términos de empleo, debemos tener en claro que tenemos trabajadores formales asalariados pobres y una informalidad de más de 15%, donde no se crea empleo privado. La alta tasa impositiva y la litigiosidad laboral son muy elevadas. Desde nuestro bloque pensamos que el primer paso es sacarle el pie de encima a los que dan trabajo en Argentina”, dijo el diputado Juan José Espert.

En tanto, los dos bloques en que está dividido el radicalismo más legisladores del GEN y la Coalición Cívica, se abstuvieron. Y consideraron que la iniciativa puede ser tachada de inconstitucional.