Ley Bases y paquete fiscal: nada nuevo bajo el sol

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La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados llevó a algunos observadores con claras simpatías por el Gobierno a criticar a quienes desde hace tiempo advertimos acerca de los problemas que suelen enfrentar los gobiernos de minoría en el presidencialismo. Hubo quienes sostuvieron que el fenómeno Milei tornaba necesario repensar los marcos de análisis político tradicional.

La euforia desatada por el trámite legislativo de las iniciativas gubernamentales en la Cámara baja resulta algo exagerada. El paso de las propuestas del Gobierno por el Senado muestra que lo que el análisis político desdeñado como tradicional señala, sigue plenamente vigente. Gobernar en minoría no resulta sencillo y a menos que en la Argentina se produzca un cambio de régimen, al menos hasta que en diciembre de 2025 haya una modificación sustancial en la composición del Senado y de la Cámara de Diputados, el Gobierno requerirá de la cooperación de una parte de la oposición para aprobar nuevas leyes.

En varias oportunidades advertí el año pasado acerca de los potenciales problemas que podía enfrentar un Gobierno de Javier Milei a la hora de gobernar, y sobre qué herramientas podía utilizar para sortear esos problemas y qué estrategias tenía a su disposición. Básicamente, el Gobierno podía optar por:

* Legislar por vía de Decretos de Necesidad y Urgencia (salvo para aquellos temas que están vedados por la Constitución);

* Solicitar una delegación de facultades legislativas al Congreso;

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* Ampliar su base de sustento legislativo a través de la construcción de una coalición mayoritaria estable, intercambiando apoyo por cargos ministeriales; y,

* Construir mayorías ad-hoc en el Congreso, una opción más onerosa en términos de tiempo y recursos.

Los DNU, una herramienta utilizada por todos los Gobiernos -aunque con distinta intensidad- desde 1983 hasta la fecha, tienen limitaciones. No pueden utilizarse para ciertos temas (como los tributarios) y deben ser revisados por el Congreso. Bajo la regulación actual, basta con que una Cámara lo ratifique para que el DNU quede firme. El problema es que La Libertad Avanza, incluso sumando al PRO, está lejos de alcanzar la mayoría en Diputados. En el Senado, el balance de fuerzas es mucho más desfavorable, dado que los dos bloques kirchneristas están a 4 votos de la mayoría absoluta. No casualmente, el DNU 70/2023 fue rechazado en el Senado.

Entre el abuso y los límites

El DNU no es la herramienta de un Gobierno minoritario para pasar por encima de una legislatura recalcitrante. El Gobierno podría abusar del recurso al DNU, pero eventualmente el Congreso o la Justicia podrían poner límites a semejante estrategia. En el caso del Poder Legislativo, bastaría con modificar el proceso de revisión de los DNU, regulado por la ley 26.122, estableciendo la necesidad de ratificación por ambas cámaras y en un plazo determinado, para que el decreto quede firme.

En el caso de la delegación de facultades, algún tipo de cooperación con la oposición es necesaria, ya que la misma debe ser aprobada por ambas Cámaras. Con lo cual la cuestión pasa por qué tipo de estrategia de cooperación elige el Gobierno.

Luego del fracaso de la primera Ley Bases, el Gobierno abandonó cualquier pretensión de someterle al Congreso un contrato de adhesión bajo el formato de “tómalo o déjalo”, y presionado por la necesidad de atender las preocupaciones de inversores y del FMI sobre la gobernabilidad, se avino a negociar con parte de la oposición. La convocatoria del ahora caído Pacto de Mayo fue en este sentido un recurso inteligente para bajar los decibeles y relanzar una versión más realista y acotada de la Ley bases y del paquete fiscal. Este giro pragmático rindió sus frutos en la Cámara de Diputados. Resta ver si el Gobierno, consciente de su debilidad en el campo parlamentario, mantiene la misma actitud en el Senado de cara a la aprobación de ambas iniciativas.

¿Qué lección deja el trámite parlamentario de la Ley Bases y del paquete fiscal? No hay nada nuevo bajo el sol, contra lo que ciertos observadores pretenden argumentar. La tan denostada “rosca” sigue siendo necesaria si es que al Gobierno le interesa efectivamente gobernar. Y el presidencialismo de coalición continúa siendo una alternativa menos costosa en términos de tiempo y recursos que la construcción de mayorías ad-hoc, tal como surge del trámite legislativo de las iniciativas que el Gobierno busca aprobar en el Congreso a casi 7 meses de haber comenzado su gestión.