En la Provincia hay más de 300.000 beneficiarios

El gobierno nacional denunció irregularidades y desmanejo de fondos en la entrega de pensiones por discapacidad durante las gestiones anteriores. En un gráfico que presentó la Agencia nacional de discapacidad se informó que solo en la provincia de Buenos Aires existen hoy 306.728 beneficiarios sobre una población total de 17.523.996 personas, lo que equivale al 1,8%.

Esas cifras están muy por debajo de los distritos más “críticos” contenidos en la denuncia, entre ellos Chaco, con casi 100.000 pensiones otorgadas que representan el 8,8% de la población; o las más de 83.000 de Santiago del Estero, que equivalen al 7.7% de sus habitante.

En ese contexto, tras identificar el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral a personas que no las necesitaban, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) auditará “uno por uno” a los beneficiarios.

Según el relevamiento realizado por las autoridades de la Andis, hoy en día existen 1.224.286 pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país. Dentro de ellas, se detectaron miles de irregularidades como: 100.000 niños cobrando la pensión; 25.000 personas que trabajan; 60.000 con incompatibilidad de requisitos (beneficiarios con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión); y 30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.

Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires son las jurisdicciones donde más irregularidades detectó el equipo de la Andis, que habla de una suerte de “fábrica de pensiones por invalidez”. Y si bien Mendoza no está en la llamada “zona caliente”, también se investigará la situación de los 47.414 los beneficiarios (el 3,9% del total nacional) de pensiones por discapacidad.

“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirmaron autoridades de la Andis.

La denuncia apunta a “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

La pesquisa iniciada en la Andis ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py. Según el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”.