Debe investigarse la grave denuncia de un abogado penal

El ataque a tiros denunciado por un abogado penal platense, en lo que sería un acto de amedrentamiento que puso en riesgo su vida, cuando su vehículo, según dijo, fue atacado a balazos en momentos en que circulaba con su camioneta por la localidad de Los Hornos, merece la más profunda de las investigaciones y, llegado el caso, determinar la intención del hecho y detener a los autores.

Tal como se informó, el profesional, que ha venido actuando en causas resonantes en los últimos años, señaló que el episodio se registró en 155 y 52, lugar donde le cruzó un vehículo similar al de su propiedad. Y fue allí, mientras intentaba evadir a los presuntos delincuentes, cuando escuchó los disparos, uno de las cuales pegó en la caja del rodado que conducía, sin herirlo. El vehículo muestra en la carrocería la perforación causada por el disparo, tal como se detalló en la edición de ayer.

La víctima consideró que no se trató de un hecho de inseguridad, como uno más de los tantos que suceden en la Ciudad, sino que desde hace un tiempo a la fecha está amenazado.

Esa situación –siguió diciendo- podría haber sido por su participación en una causa que terminó con varios detenidos y que afectó de manera “muy sensible” a la administración de justicia penal en nuestra ciudad. El abogado había concurrido a Los Hornos para realizar una compra y al salir del local, a poco andar lo esperaba la pesadilla.

Se habla en este caso de un abogado que, al igual que todo profesional que ejerce el Derecho ante los tribunales, es un auxiliar de la Justicia cuya principal función es contribuir a impartirla. Si el ataque se debiera a la función que desempeña, serían también las instituciones públicas las atacadas.

Lo concreto es que la Justicia debe actuar en todo momento sin presiones ni amenazas de ninguna naturaleza. Se habla aquí, por cierto, de situaciones generales y no de un caso particular cuyas características recién se encuentran en las primeras etapas de la investigación.

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Cabe señalar que tales incidentes y otros de similar naturaleza se están presentando con inquietante frecuencia en varios ámbitos de la actividad de la administración de Justicia provincial. Hace pocos años el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense salió a dejar expresa constancia de su repudio a un salvaje ataque sufrido por un secretario de Garantías del departamento judicial de Morón, en un hecho que fue relacionado a una investigación que se realizaba sobre una fuga de presos de una comisaría de Hurlingham.

Si se trae a colación esa declaración colegial, es porque en ella se advertía sobre una escalada de violencia en todos los ámbitos del ejercicio de la función, requiriéndose entonces un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado para “garantizar la seguridad en el ámbito de los tribunales para los ciudadanos, los empleados y los operadores del sistema”. La población toda no puede admitir tampoco, en modo alguno, episodios que degraden y lastimen la convivencia social.