El Gobierno argentino reconoció ayer al candidato opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de Venezuela, al manifestar que el “pueblo” de ese país “se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada”.
Así lo expresó la Cancillería argentina a través de un comunicado, donde además manifestó que “condena la formulación de cargos penales contra el candidato presidencial ganador y la principal líder de la oposición”, en referencia a María Corina Machado, así como también “la detención arbitraria de figuras importantes de partidos políticos opositores, periodistas y trabajadores de prensa”.
“La República Argentina reitera el llamado a las autoridades venezolanas a respetar las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en lo que atañe a inmunidad e inviolabilidad de las sedes oficiales”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Diana Mondino.
Y advirtió que “la residencia oficial argentina en Caracas continúa sin suministro de energía eléctrica, interrumpido hace más de una semana, y solicita una vez más su pronto restablecimiento”.
En tanto, González Urrutia desacató ayer una citación de la Corte Suprema de Venezuela, en un proceso convocado para “certificar” la cuestionada elección en la que fue proclamado vencedor el presidente Nicolás Maduro.
González, representante de la líder inhabilitada Machado, denunció fraude y asegura tener las pruebas que demuestran que ganó los comicios celebrados el 28 de julio.
“Si acudo a la Sala Electoral (del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no sólo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano”, subrayó el opositor de 74 años en un comunicado en redes sociales.
La audiencia en el TSJ se celebró sin González Urrutia. Una silla vacía con su nombre fue mostrada en la televisión estatal. “Es importante que conste en acta su incomparecencia y que no acata la citación”, señaló la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, que ya antes había advertido sobre “consecuencias” en caso de inasistencia.
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