Cambiar las puertas tijeras: un desafío millonario para los consorcios

El cambio de las puertas tijeras en numerosos edificios de la Ciudad puede transformarse en una pesadilla para diversos consorcios de la Ciudad: por el costo de las nuevas puertas, por la escasez de fábricas que las realizan y la cuenta regresiva que habría impuesto la Municipalidad a la hora de salir a verificar y multar a los vecinos.

Hay una ordenanza que data de 1998 que impulsa el cambio de las puertas tijeras por cuestiones de seguridad. El tiempo fue pasando, distintos edificios fueron cambiando las puertas pero aún quedarían unas 1.000 por reemplazar, según los datos que tienen integrantes de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

La inquietud va creciendo en los vecinos de los edificios. Un administrador que habló con este diario dijo que “hay muchos edificios en la ciudad que han cambiado las puertas de cabina pero no cambiaron las puertas exteriores. Primero fue la pandemia y ahora el tema es económico y de plazos dado que después de la pandemia quedó prácticamente una sola fabrica de puertas tablillas en el país. Esas puertas tablillas son las que reemplazan a las tijeras”.

Según se pudo saber, el último plazo que había otorgado el municipio venció en diciembre del año pasado.

En los consorcios tienen información sobre nuevas inspecciones que se llevarían a cabo en el corto plazo, operativos que podrían terminar con la clausura de los ascensores y posibles multas fuertes para los edificios que no han cambiado sus puertas exteriores.

Entre los administradores de consorcios se conocieron algunos valores de las puertas tablillas que tienen que colocar para reemplazar a las puertas tijera: tienen un valor de entre 2.800.000 a 4.000.000 de pesos dependiendo, también, de la empresa conservadora que las instale.

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Como ese valor es por puerta si se multiplica por las 1.000 que estarían faltando reemplazar la inversión global de ese cambio rondaría en los 4 mil millones de pesos tomando en cuenta el valor tope que tendrían esas puertas. “Un duro golpe a los bolsillos de los consorcistas en un contexto económico en el cual las empresas no financian estas puertas y por el otro lado la única fabrica que hay en el país habría que pagarle la totalidad de la puerta y habría una demora de 6 meses para entregarla”, según contó un administrador con décadas de trabajo en el rubro.

Lo que entienden en los consorcios es que si bien la ordenanza existe desde el año 1998 y el intendente Julio Garro fue quien la reglamentó y le puso los plazos para los cambios de puertas interiores y exteriores, “no está dado el contexto económico como para que el municipio salga a exigir su cumplimiento, tomando en cuenta, además, que hay una limitación técnica”.

Otro dato que apuntan los administradores es que “en los últimos 30 años hubo sólo 2 ó 3 accidentes con las puertas tijeras, un índice de siniestralidad muy bajo”.

En tanto, señalaron que ante el crecimiento de gastos, de valores de expensas y falta de fondos de reservas para encarar tal inversión, “habría que pensar en créditos accesibles para consorcios y empresas de ascensores para encarar ese operativo”.

Por su parte, desde la Cámara de Empresas de Ascensores y Afines de La Plata se informó que “el país siempre ha estado con problemas económicos y creemos que ha pasado un tiempo prudencial desde 1998 a la actualidad para haber realizado los cambios”.

Sobre la cantidad de puertas a cambiar en la Cámara afirman que “para nosotros no son tantas”.

Con respecto a la siniestralidad, los empresarios del sector apuntan que es “controvertido el tema. El índice es bajo, pero si hay un accidente sabiendo que no deberían usarse, ¿cómo se justifica la situación frente al damnificado?. Habiendo una normativa y un riesgo no se debería dejar librado a la suerte tomando en cuenta que el 90 por ciento de las estadísticas incluye a los niños en estos episodios”.

La ordenanza 9019, que rige el cambio de las puertas tijeras de los ascensores es de 1998, pero recién fue reglamentada en 2017, y en ese momento se estiraron los plazos hasta diciembre de 2023.

El funcionamiento de los ascensores incluye la responsabilidad del consorcio, de la empresa que mantiene los elevadores, del representante técnico de la empresa de ascensores y de la Municipalidad. Una fuente consultada por este diario remarcó que “en caso de que haya un accidente, se responsabilizan en lo civil y penal a las cuatro partes involucradas”.