Tasas municipales: el Gobierno multaría a empresas que las cobran e intendentes radicales lanzan fuertes críticas

El Gobierno de Javier Milei está decidido a dar una batalla contra los intendentes, en especial del Conurbano bonaerense, que se valen del instrumento de cobrar tasas municipales en las facturas de empresas privadas.

Por eso, y pese a que el tema está judicializado, la administración libertaria avanza con el objetivo de aplicar desde mediados de octubre sumarios e inclusive multas a las compañías que se nieguen a eliminar tasas e impuestos de municipios y de gobiernos provinciales de las facturas de los servicios esenciales, como la luz y el gas, que prestan a sus clientes.

La medida, que incluye penalidades por montos de entre $374.129 y $1.571.343.900, busca el cumplimiento de la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio y que no sólo cosechó críticas de intendentes, sino un límite del Gobierno de Axel Kicillof y rechazo en la Justicia.

Las sanciones, según la Ley Nº24.240 y sus modificatorias de Defensa del Consumidor que aplica en este caso, son el apercibimiento, la multa de 0,5 a 2100 canastas básicas total para el hogar 3 ($748.259 en agosto), el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, la suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.

La estrategia del Gobierno es hacer cumplir la resolución del 11 de septiembre en la que el Gobierno buscó limitar esa herramienta recaudatoria a las comunas. En ella aduce: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.

La secretaría de Industria y Comercio quiere hacer cumplir la resolución desde el 11 de octubre, lo que podría agravar el conflicto judicial con los intendentes. Actualmente hay un fallo del juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charbay, que suspendió la aplicación de la resolución que prohíbe al municipio de Pilar aplicar una tasa municipal en las boletas de electricidad de EDENOR y de gas de Naturgy BAN, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la comuna, hasta tanto decida si es constitucional o no la resolución del Gobierno.

Pese a la decisión del Gobierno nacional, desde el Organismo de Control de la Energía bonaerense (OCEBA) se dejó en claro que en la provincia de Buenos Aires, al menos en una parte de ella, las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos ajenos al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

¿Por qué pasa esto? En principio porque se aduce que una resolución de una secretaría nacional no puede ir por encima de una ley provincial. Y eso es lo que marcan en la gestión de Axel Kicillof para asegurar que, al menos, las prestadoras y cooperativas del interior bonaerense van a poder seguir cobrando esos “plus” que aparecen en la boleta.

El Foro de Intendentes Radicales tomó posición en las últimas horas respecto a la polémica por las tasas municipales, luego de que el ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, resolviera impedir a los municipios bonaerenses cobrar esos tributos dentro de las facturas de servicios.

No obstante, deslizaron que acompañan el rechazo de la Tasa Vial aplicada a los combustibles. En un comunicado, el órgano acusó al Gobierno nacional de “avasallar las autonomías consagradas en la Constitución” a través del impedimento a los municipios de incluir sus propias tasas en las facturas de los servicios públicos.

“La controversia de los últimos días sobre la decisión del Ministerio de Economía de impedir a los municipios incluir sus propias tasas en las facturas de los servicios públicos, que entendemos como un avasallamiento a las autonomías municipales consagradas en la Constitución, puse al descubierto un tema de larga discusión en la Provincia: la tasa vial aplicada a los combustibles”, comenzaron el texto.

 “Queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una gestión eficiente, transparente y orientada al servicio público, buscando siempre la participación ciudadana y el desarrollo local”, indicaron.

En esa línea, propusieron “implementar políticas que promuevan el desarrollo económico y social y la mejora de los servicios públicos, con un enfoque en educación, salud y obras públicas, y fortalecer la democracia para lograr una mayor autonomía y capacidad de gestión”.

“Vamos a seguir defendiendo la autonomía municipal, pero en el marco de una gestión que promueva la eficiencia, la austeridad y el compromiso con las cuentas públicas que administramos todos los días para nuestros vecinos y vecinas” cerraron los intendentes radicales.

Cabe señalar que tras prohibir el cobro de tasas municipales en servicios públicos, el Gobierno redobló la apuesta contra los intendentes y estableció que las estaciones de servicio de jurisdicciones que incluyen cargos extras sobre los precios de los combustibles deberán informárselo a los consumidores.