Loan: el sospechoso que podría cambiar el caso

Loan Danilo Peña lleva más de 100 días desaparecido y la angustia de sus padres es más grande. Tras haber tomado la decisión que no continúe Fernando Burlando, Juan Pablo Gallego tomó el caso y confirmó que hay nuevos sospechosos. En este sentido el flamante defensor de la familia del niño de cinco año desmintió los rumores y falsas testificaciones sobre los dichos de demanda hacia la abuela de Loan y la jueza del caso, Cristina Pozzer Penzo.

Debido a los falsos dichos, Gallego confirmó: “Se obstaculizó y se entorpeció vergonzosamente una investigación ultra sencilla. Hoy empezó otra historia. Se desmaleza el camino hacia la verdad”. Además, el letrado agregó: “Ratifico una vez más, yo no denuncié a la Jueza”.

Por otro lado, continuó explicando que “el camino a la verdad es inexorable. Evidentemente, se intenta montar una operación, pero siempre llegan tarde”.

Al ser consultado sobre si habrá nuevas detenciones, el defensor respondió: “La causa está encaminada y hay gente desesperada”. Aunque finalizó diciendo que llegará a la verdad ante las adversidades.

A más de 100 días de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, el nuevo abogado representante de la familia brindó detalles de la investigación en un medio porteño y anticipó que se encuentran enfocados en un sospechoso en particular.

Gallego explicó: “Por estas horas estamos más cerca. Estamos centrados en la realidad del hecho, que es lo que nunca se investigó. Efectivamente hay una persona que no está detenida aún pero que sí está en la mira”. Además, mencionó: “Yo no creo que estemos ante una red de trata internacional sino ante un grupo provincial ‘pequeño’ organizado. Evidentemente es un grupo local”.

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Cabe mencionar que al día de la fecha, los investigadores desconocen si Loan está vivo o si fue víctima de un crimen con un responsable aún desconocido. En ese marco, hay siete personas detenidas en la causa y otros nueve, vinculados a la Fundación Dupuy, también detenidos por falso testimonio y resistencia a la autoridad en una causa conexa. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es “sustracción y ocultamiento de un menor”, delito que prevé una pena de entre 5 y 15 años de cárcel.