La buena doctrina recomienda no llevar a cabo modificaciones del sistema electoral en los años en que se realizan los comicios. Sin embargo, el cambio de ideas que se ha generado alrededor de la necesidad de eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) debe ser aprovechado para renovar algunas normas y establecer nuevas, que garanticen el respeto a la voluntad de los afiliados de cada agrupación. Y en el caso de nuestra provincia, afirmar en la práctica el federalismo desdoblando las elecciones. Como lo hicieron 20 provincias, a las que se agregó este año la Capital Federal.
En realidad, se sabe que en la práctica las PASO resultaron ser meramente declamativas, pues en casi todos los casos la mayoría de los partidos ya deciden la conformación de sus nóminas y las candidaturas principales en el orden provincial y nacional, sin haber supeditado esa decisión al dictado de las urnas.
Bien se conoce que ninguno de los partidos mayoritarios sometió a procesos internos la selección de candidatos para ocupar nada menos que la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.
Porque los partidos son instituciones que hacen a la esencia de la democracia, su funcionamiento debe estar reglamentado por leyes nacionales y la vigencia de los principios de la democracia debería ser una cuestión en la que el Poder Judicial actuara naturalmente.
Las internas bien estructuradas serían otro avance institucional que revalorizaría a la democracia.
El gasto presupuestario que ellas suponen no es la clave del problema, si se revisa el destino de muchos otros gastos más onerosos y nada beneficiosos para el Estado.
Por supuesto, debe garantizarse la transparencia de los aportes económicos que reciben las agrupaciones, sin desmedro de que el Estado destine algunos fondos para fortalecerlos.
Es cierto que se puede objetar, en el caso de las PASO, la obligatoriedad del voto, ya que se plantean situaciones que, en algunos casos, obliguen a los ciudadanos a concurrir a las urnas dos, tres o más veces por año, lo cual constituye un exceso.
Se debiera entender que las PASO, al no definir la elección concreta de candidatos para ocupar cargos públicos, sino que sólo dirimen posiciones en las internas partidarias, no debieran exigir la concurrencia compulsiva a las urnas de todo el electorado, sino de aquellas personas que voluntariamente quieran participar activamente en las elecciones de naturaleza partidaria. Este es el criterio que, como se dijo, impera en la mayoría de los países.
El electorado argentino ha venido demostrando desde 1983, cada vez más, un mayor deseo de interesarse en la cosa pública, de conocer mejor a los representantes que elige y de controlarlos a lo largo de su gestión.
Se trata de avances republicanos que, por consiguiente, obligan a las instituciones y a los partidos políticos a modernizar un trámite desactualizado, que no se encuentra a la altura de los reclamos de una población que aspira a consolidar un modo de vida basado en el respeto a la ley y a las opiniones del otro.
Debe insistirse, además, en el reclamo de que se desdoblen las elecciones municipales y provinciales, separándolas de las nacionales, habilitándose de esa manera la puesta en vigencia de un mecanismo que permitiría enriquecer el debate sobre las cuestiones locales y otorgarle mayores grados de compromiso a la participación ciudadana.
SUSCRIBITE a esta promo especial