Lapidario informe de la OEA sobre los crímenes en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un contundente informe donde señala que la reelección de Nicolás Maduro, quien planea asumir su tercer mandato presidencial el viernes 10 de enero, “no goza de legitimidad democrática”.

Además, acusó al actual gobierno venezolano de llevar a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con "al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes".

La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó el extenso informe tres días antes de la investidura del presidente de Venezuela. 

"A lo largo de sus 65 años de trabajo, la Comisión ha desempeñado un papel clave en colaborar con la región para hacer frente a las dictaduras, golpes militares y graves violaciones de derechos humanos. La situación en Venezuela no es la excepción", dijo a la agencia de noticias EFE la relatora del organismo para ese país, Gloria De Mees.

En el informe afirmó que Maduro no solo "ejecutó prácticas de terrorismo de Estado" para "impedir la participación política de la oposición", sino que también "implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder".

"Operación Tun Tun"

LE PUEDE INTERESAR

Edmundo González Urrutia denunció que el gobierno de Maduro secuestró a su yerno

LE PUEDE INTERESAR

Tragedia en Brasil: al menos siete muertos y 15 heridos por un accidente de colectivo

El informe, que recoge "las violaciones de derechos humanos observadas por la CIDH a lo largo del proceso electoral", advirtió de que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más represiva, tras la consulta.

Fue tras las elecciones que el Gobierno puso en marcha la conocida como "Operación Tun Tun" en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que se desencadenaron en el país por "la percepción de fraude".

"Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión".

Además, añaden que "se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes".

Tras estas observaciones, la Comisión apuntó que la crisis política en el país y la situación de los derechos humanos en Venezuela representan "el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder".

"La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática", apuntó.