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El empresario Lázaro Báez, condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos vinculados a la obra pública, será nuevamente alojado en el penal de Ezeiza. La decisión fue adoptada por el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó el habeas corpus presentado por su defensa, que había reclamado una atención médica urgente y mejores condiciones de detención.
Actualmente, Báez se encuentra alojado en la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Río Gallegos, donde, según sus abogados, enfrenta un estado de salud “crítico”. Los letrados Yanina y Lucas Nicoletti solicitaron que fuera trasladado al Hospital Samic de El Calafate, argumentando que el Hospital Regional de Río Gallegos no cuenta con los recursos necesarios para realizar estudios especializados. Además, insistieron con el pedido de prisión domiciliaria, medida que ya había sido rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal a fines de septiembre.
Se realizó una audiencia en el Juzgado Federal de Río Gallegos, en la que participaron el juez Vázquez, Báez, su defensa, el médico personal Mario Kamelman, y autoridades del SPF. Tras casi dos horas de debate, el magistrado resolvió que el empresario sea trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Allí, podrá acceder a una atención médica integral. Los estudios podrán realizarse en una clínica privada, posiblemente Medisur, cuyos costos correrán por cuenta de la defensa.
La defensa de Báez denunció una serie de irregularidades en su detención. Los abogados presentaron dos denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py contra el juez de Ejecución Néstor Costabel, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Afirmaron que el magistrado habría impedido el ingreso de los defensores a la unidad penitenciaria y obstaculizado su trabajo profesional.
En sus presentaciones, los letrados advirtieron sobre una “conducta sistemática y persistente de entorpecimiento del ejercicio de la defensa técnica”, lo que –según plantearon– vulnera la imparcialidad judicial y el derecho al debido proceso.
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A sus 69 años, Báez padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y problemas gastrointestinales. La defensa aseguró que su cuadro se agravó en los últimos meses: sufrió un derrame ocular por un episodio de presión alta y presenta sangrado intestinal persistente.
Además, los abogados denunciaron que comparte un solo baño con otros 20 internos y que en ocasiones se ve obligado a orinar en botellas debido a las demoras para acceder a las instalaciones sanitarias. Por esos motivos, reiteraron el pedido de que se le otorgue la prisión domiciliaria por razones humanitarias.
El empresario santacruceño ya había estado detenido en Ezeiza entre abril de 2016 y diciembre de 2019, cuando obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Ahora, tras el fallo adverso del juez Vázquez, su defensa anticipó que apelará la decisión en los próximos días.
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