El conflicto legal entre Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) y su ex distribuidora QUILBEB SUR S.A. escaló a la Justicia penal con la presentación de una denuncia formal en la ciudad. El conocido abogado Fernando Burlando encabeza el escrito, el cual fue radicado en el Juzgado de Garantías número 4 de Quilmes, a cargo del juez Damián Vendola.
La denuncia apunta a presuntos delitos de asociación ilícita, fraude comercial, desobediencia judicial, usurpación y privación ilegítima de la libertad contra funcionarios de la compañía cervecera y directivos de la multinacional AB InBev.
De acuerdo con la presentación judicial, funcionarios de la cervecera habrían intentado apropiarse de un inmueble en el Parque Industrial Plátanos, en Berazategui. Además, habrían ignorado medidas cautelares que les prohibían desalojar la planta de QUILBEB SUR. La denuncia también incluye la retención ilegal de un chofer durante los hechos.
Actualmente existen tres expedientes judiciales en curso que intervienen distintas fiscalías en La Plata, Quilmes y Berazategui. Entre los delitos investigados figuran también desbaratamiento de empresas y evasión fiscal, lo que agrava el cuadro judicial.
El abogado Fernando Burlando encabeza la estrategia legal de QUILBEB SUR. Su equipo impulsa pedidos de allanamientos, secuestro de documentación y hasta exhortos diplomáticos a Brasil. Ellos buscan que ejecutivos de AB InBev, la multinacional propietaria de Quilmes, sean citados a declarar. Desde el entorno de Burlando remarcaron que se trata de "una maniobra sistemática para destruir a un distribuidor histórico de la Argentina".
En la investigación aparecen mencionados altos directivos de CMQ y de AB InBev Brasil, entre ellos Martín Ticinese, Tomás Eloy Fracchia, Fabio Baracho Martinelli, Gonzalo Fagioli y hasta Michel Doukeris, CEO global de la multinacional.
Mientras tanto, la Justicia citó a dos imputados de la distribuidora Beneroni S.A., actual socia de Quilmes. La empresa está acusada de participar en hechos de usurpación, defraudación y robo. Las indagatorias fueron fijadas para el 7 y 9 de octubre. Desde el entorno de Burlando señalaron que esperan un accionar "rápido y contundente" de la Justicia para frenar lo que consideran "un atropello contra los derechos comerciales y la propiedad privada".
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