El Gobierno promulgó la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, pero postergó su aplicación

El Gobierno nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, luego que ambas iniciativas fueran ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre tras rechazar el veto del presidente Javier Milei.

Pero tal como se esperaba, la aplicación quedó en suspenso, al igual que la ley que declaró la emergencia en discapacidad, ya que el Poder Ejecutivo le pidió al Congreso que informe de dónde saldrán los fondos para hacer frente al cumplimiento de lo fijado en las normas.

A través de los decretos 759/2025 y 760/2025, el Gobierno promulgó las dos leyes aunque no habilitó las partidas presupuestarias para su implementación, algo que se sabía iba a ocurrir cuando antes que saliera el veto en el Congreso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que el Parlamento "omitió de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones" correspondientes a la aplicación de ambas normas.

En ese sentido, desde el Poder Ejecutivo afirman que es el Congreso el que debe definir cómo incrementar los recursos actuales para llevarlas a la práctica, lo mismo que la denominada emergencia en discapacidad.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente apuesta a “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”. 

En los artículos establece la actualización automática de los gastos de financiamiento en base a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por su parte, remarca que la Auditoría General de la Nación deberá realizar un control externo de las universidades que remitirá al Congreso de la Nación.

En el artículo nueve, sostiene que el Poder Ejecutivo “dispondrá los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios y en consecuencia a ello, la adecuación de partidas presupuestarias a fin de actualizar al 1º de enero de 2025 el presupuesto correspondiente a las universidades públicas, sin impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni a los aportes del Tesoro nacional”. “La presente ley podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”, asevera.

Por otra parte, la Ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, en el plazo de un año, establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios destinados a bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial afectado al cuidado y atención pediátrica.

También decreta la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, asistencial y no asistencial; y se prevé la exención del impuesto a las ganancias para el personal de salud que se desempeñe en efectores públicos y privados cuando realice actividades críticas, horas extras o guardias. Asimismo, declara al Garrahan como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y garantiza “su funcionamiento pleno y sostenido”.

El artículo 5º del decreto establece: “El Poder Ejecutivo nacional reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”.

Además, se crea una comisión de seguimiento y evaluación que entregará informes trimestrales y será integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud de la Nación, representantes del COFESA y representante de la Sociedad Argentina de Pediatría.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardíacas, oncología pediátrica", concluye.