Los inmigrantes y la seguridad, puntos clave de la agenda

El triunfo de José Antonio Kast marca un punto de inflexión en la política chilena y anticipa un gobierno con prioridades claramente definidas en torno a la seguridad y la migración, dos de los temas que más preocupan a la ciudadanía y que fueron el eje central de su campaña. El líder del Partido Republicano, que asumirá la presidencia en marzo de 2026, llega al poder con un discurso de mano dura, orden y autoridad, inspirado en referentes internacionales como Donald Trump y Nayib Bukele.

En materia migratoria, Kast propone un giro drástico respecto de las políticas recientes. Su agenda incluye el cierre de la frontera norte, la criminalización de la inmigración irregular y la implementación de deportaciones masivas de personas indocumentadas mediante vuelos chárter. Estas medidas buscan enviar una señal de control y disuasión, aunque generan preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos que advierten sobre posibles vulneraciones al debido proceso y al derecho internacional.

La seguridad pública ocupa un lugar central en su programa. Kast plantea un combate frontal contra el crimen organizado mediante la construcción de cárceles de máxima seguridad, el despliegue de fuerzas especiales para recuperar territorios dominados por bandas delictivas y la prohibición de prácticas como los “narcofunerales”. Su enfoque privilegia la acción policial y el endurecimiento de las penas, en línea con una visión autoritaria del orden público. En el plano económico, el nuevo presidente apuesta por la austeridad fiscal y el fortalecimiento del sector privado. Entre sus propuestas se destaca la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% y un recorte de alrededor de seis mil millones de dólares en el gasto público. Para sus críticos, este ajuste podría traducirse en una merma significativa del gasto social y afectar a los sectores más vulnerables. Precisamente, la agenda social aparece relegada en el proyecto de Kast. Temas como los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales e indígenas, así como debates sobre aborto, eutanasia y ampliación del rol del Estado en salud, educación y vivienda, quedan en un segundo plano frente a la prioridad otorgada al orden y la seguridad.

El desafío del nuevo mandatario será avanzar con su programa en un Congreso sin mayorías propias, donde deberá negociar alianzas para convertir sus promesas en leyes.