Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado

Familiares de víctimas vinculadas al desastre sanitario del fentanilo adulterado en Argentina, realizaron ayer dos movilizaciones simultáneas para exigir respuestas políticas, justicia y medidas concretas del Estado.

Desde el vamos, se considera que en el país se desató la mayor tragedia farmacológica de su historia, por lo que los lugares de convocatoria no quedaron librados al azar; todo lo contrario. Se eligió las ciudades de La Plata y Rosario, donde se registró una importante cantidad de fallecimientos a causa de la inoculación con dosis contaminadas de esa sustancia de fines anestésicos.

Bajo la consigna “verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, en reclamo de mayor compromiso institucional y explicaciones claras sobre cómo se permitió la distribución de un medicamento contaminado que provocó decenas de muertes.

Más de 173 decesos están siendo asociados al uso de fentanilo adulterado con bacterias peligrosas y la causa judicial sigue abierta con 14 imputados procesados, entre ellos directivos y responsables técnicos vinculados a los laboratorios involucrados en la producción y control del medicamento.

Una parte central del reclamo apunta a la ausencia de respuesta política efectiva por parte del Poder Ejecutivo y de los organismos sanitarios, especialmente de la ANMAT y del Ministerio de Salud, cuyos titulares fueron señalados por no brindar explicaciones satisfactorias ni participar de las audiencias que las familias solicitaron.

Las movilizaciones demandan, entre otras cosas, una reunión urgente con el Ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, para conocer qué medidas se tomaron y qué falló en los mecanismos de control que debieron detectar el problema antes de que se expandiera.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, amplió recientemente el análisis de historias clínicas de pacientes que fallecieron tras recibir el fentanilo adulterado, confirmando que una proporción significativa de esos casos correspondió a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del producto.

Además, en paralelo a la investigación, se llevaron a cabo declaraciones de exempleados de uno de los laboratorios implicados, quienes describieron graves irregularidades en los procesos de elaboración y control interno del medicamento.

Las familias aseguran que, pese al avance judicial, la tragedia no puede limitarse a un expediente, sino que debe tener respuestas políticas, sanciones claras y un compromiso estatal para que no vuelva a ocurrir algo similar.

Por eso, en las movilizaciones convocadas para el 16 de diciembre, buscan no sólo visibilizar la tragedia y recordar a cada víctima, sino también romper el silencio institucional y exigir una reforma profunda en los sistemas de control sanitario del país.