En Ramallo, la Justicia ordenó frenar de manera inmediata las obras que se desarrollaban en la zona de Costa Pobre, tras hacer lugar a una medida cautelar de no innovar por la falta de estudios y autorizaciones ambientales.
La resolución judicial dispuso el cese total de desmontes y movimientos de suelo hasta tanto se presenten y aprueben los permisos exigidos por la normativa vigente, entre ellos la Declaración de Impacto Ambiental prevista por la Ley Provincial N° 11.723 y la legislación sobre Bosques Nativos.
Uno de los puntos centrales del fallo es la ausencia de una Audiencia Pública previa, instancia obligatoria dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Según lo señalado en la causa, esa convocatoria nunca se realizó, vulnerando el derecho de la comunidad a informarse y participar en decisiones que afectan un área considerada bosque nativo y humedal.
La medida fue impulsada por vecinos de Costa Pobre junto a la organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, quienes denunciaron presuntas irregularidades legales, riesgos ecológicos y situaciones de hostigamiento. La Justicia valoró la gravedad de los hechos y el peligro en la demora.
El fallo también pone el foco en la responsabilidad del Municipio de Ramallo, al permitir el avance del proyecto sin garantizar los controles ambientales obligatorios, y marca un freno clave al desarrollo del emprendimiento hasta tanto se cumpla con la normativa.
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