El fiscal Alvaro Garganta tiene una postura de “punto medio” entre los extremos.
“Esto tiene dos caras”, dice a este diario, “ayuda a la resocialización y a que los detenidos estén vinculados con la familia, contenidos y que no exploten, pero también es cierto que hay presos que ganan más plata desde la cárcel estafando con el celular, que robando en la calle”.
A través de los smartphones pueden dirigir negocios rentables, sostener bandas criminales, influir sobre testigos y víctimas, amenazar a miembros del Servicio Penitenciario y sus familias, operar mafiosamente sobre la justicia y un largo etcétera.
“Creo que se podría implementar algo distinto, un celular restringido, sin datos, sólo para comunicación”, sostiene el fiscal, aclarando que eso no implicaría volver “a los viejos locutorios, porque es verdad que la desconexión los vuelve locos”.
Por eso, insiste Garganta en la necesidad de buscar “una diagonal para que los detenidos puedan estar comunicados con su familia y mantener visitas virtuales con sus hijos menores, en un horario determinado”. Dicho esto, aclara que si este sistema no se regula, habría que “sacar los celulares de los penales, porque ya es un escándalo lo que sucede desde la cárcel”.
Confirma que en su fiscalía y en el resto de las que integran el departamento Judicial de La Plata hay permanentemente denuncias de delitos perpetrados desde de los penales. Abundan las estafas, los cuentos del tío y las extorsiones sexuales desde cuentas falsas.
Menciona que un departamento judicial bonaerense ya designó un fiscal especializado para este tipo de modalidades, lo que considera una “verdadera locura”.
“También es cierto que en las cárceles hoy no hay conflictos”, por lo cual se declara partidario de “buscar y encontrar una diagonal. No debería ser tan difícil”.
Un dato más: en 2023 se registraron 85 sociedades anónimas simplificadas (SAS) creadas desde las cárceles, evadiendo impuestos por 2.500 millones de pesos.
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