La activista venezolana de derechos humanos Rocío San Miguel cumplió ayer un año en prisión a la espera de un juicio por “terrorismo” y “traición a la patria”, que debe comenzar esta semana.
Las autoridades vinculan a San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, con un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, lo que su defensa niega.
Solo puede recibir visitas de su hija y aguarda ser sometida a una cirugía por una fractura de hombro. Su defensa está a cargo de un defensor público, impuesto tras haberle impedido nombrar a abogados de su confianza.
San Miguel, de 58 años y de nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, que presta servicio a Caracas. Al momento de su detención se encontró con su hija Miranda Díaz, de 25 años, quien también fue brevemente detenida y hoy tiene libertad condicional.
La fiscalía la vincula con “Brazalete blanco”, un presunto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Maduro. Su expareja, un militar retirado, también fue acusado de estar vinculado en esta supuesta conspiración. Está recluida en El Helicoide, temida cárcel del servicio de inteligencia venezolano.
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