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Antes de decidir si imputa o no a Cristina Kirchner, el fiscal federal Franco Picardi le pidió ayer a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que le remita documentación y reglamentaciones vinculadas a la denuncia que presentó el organismo contra la expresidenta por las bonificaciones que percibía en sus dos pensiones de privilegio por el concepto de “zona austral”, pese a residir en la ciudad de Buenos Aires.
La denuncia penal de la Anses contra Cristina recayó en el Juzgado Federal Nº 11 (que subroga el juez Sebastián Casanello) y es por los presuntos delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica.
Para decidir si avanza con la imputación o no, el fiscal reclamó detalle de los expedientes donde tramitaron las asignaciones y un dictamen técnico legal.
Concretamente, a la exvicepresidenta se la acusa de insertar “en instrumentos públicos declaraciones falsas; o haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral” en sus asignaciones vitalicias por viudez del expresidente, Néstor Kirchner, y por su carácter de expresidenta, “siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la ciudad de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de Senadora por la provincia de Buenos Aires y Vicepresidenta de la Nación”.
El adicional por “zona austral”, según la Ley N° 19.485, está destinado exclusivamente a quienes residen en provincias del sur del país, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.
Lo que sostiene Cristina es que, pese a no vivir allí, su domicilio sigue estando en Santa Cruz, más precisamente en Río Gallegos o en El Calafate, “su lugar en el mundo”, como le gusta decir a ella.
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Según fuentes oficiales, en noviembre pasado, antes de la decisión del Gobierno de suspender las dos asignaciones, Cristina cobró por su doble pensión 35.255.257,72 pesos. De esta cifra, 6.354.523 pesos correspondían al suplemento de “zona austral”.
“Son casi 7 millones de pesos por mes. A esa cifra hay que multiplicarla por 72 meses porque son seis años de cobrar ese beneficio”, abundaron en la Casa Rosada. La Anses pretende que, en el marco de la causa, la exmandataria devuelva el dinero que, de acuerdo a ese cálculo, supera los 500 millones de pesos.
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