La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Cristina por la causa Vialidad

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó ayer que la Corte Suprema de Justicia agrave la condena contra la expresidenta, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad y la lleve de 6 a 12 años de prisión. Para eso, pidió que se revoque su absolución por el delito de asociación ilícita y que se le atribuya también esa acusación. En paralelo, apeló la defensa de la exmandataria, a cargo del abogado Alberto Beraldi, quien solicitó revocar la pena y que se la absuelva.

Con distintos argumentos, ambas partes apelaron el fallo de Casación que en noviembre pasado confirmó la condena de Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado en las 51 obras públicas que el empresario Lázaro Báez recibió durante los gobiernos kirchneristas para hacer en Santa Cruz.

Precisamente, es esta pena la que podría sacar a la expresidenta de la política, si es que el Senado sanciona en forma definitiva la ley de Ficha Limpia que la Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles con los votos del oficialismo y bloques aliados. El rechazo estuvo a cargo del kirchnerismo, que fustigó como un intento de “proscripción política” la normativa que busca prohibir que se presenten a elecciones quienes tengan una condena por corrupción confirmada en segunda instancia. Tal es el caso de la exmandataria.

El pedido para elevar la condena de la expresidenta en la Causa Vialidad se conoció horas después de que Diputados le diera media sanción al proyecto de la polémica.

ARGUMENTOS

“La principal arbitrariedad que exhibe la sentencia en crisis radica en la confirmación de la absolución de Báez, Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y José Periotti por el delito de asociación ilícita”, sostuvo Villar en su apelación, y advirtió: “Según se probó suficientemente, ellos —junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner —, instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción (...), la cual fue sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años y estuvo orientada a cometer múltiples delitos para detraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos”.

Para el fiscal, la pena de seis años es “absolutamente desproporcionada por lo baja” y “comunica a la sociedad, y a los presentes y futuros funcionarios, que es mejor repetir el delito, pues el beneficio es alto y la pena baja; si es que en algún momento llega a ser efectiva”. A modo de ejemplo, citó casos de robos con penas de seis años y 10 meses de prisión: “Dos robos agravados reciben una pena más elevada que una serie de defraudaciones, repetida 51 veces a lo largo de 12 años por una expresidenta, situación que se reitera con las penas aplicadas a los otros funcionarios intervinientes y que, a su vez, están imputados por asociación ilícita”.

Para concluir, Villar insistió con la calificación de la asociación ilícita que, enumeró, “se aplica a los traficantes de drogas, a los tratantes de personas, a los ladrones en banda, a líderes de las llamadas organizaciones sociales y a causas por delitos de lesa humanidad, pero no a políticos”.

Por su parte, la defensa de la exvicepresidenta objetó la condena de Casación y reclamó la absolución al alegar que “no tuvo intervención, directa ni indirecta, en los procesos de licitación, ejecución, certificación y/o pago de las obras investigadas” y aseguró que, “según se probó fehacientemente en el juicio”, la ex presidenta “nunca impartió directivas para que terceros cometieran irregularidades”.

Una vez que todas las partes apelen en el caso (tienen tiempo hasta hoy), la Fiscalía tendrá 10 días para responder las apelaciones de la defensa y viceversa. Luego, deberán resolver los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes pueden aceptar los planteos y enviar la causa a la Corte o rechazarlos. En caso de que el máximo tribunal del país confirme las condenas, Cristina podría ser detenida (con prisión domiciliaria, por su edad). Eso le impediría volver a ocupar cargos. De todas maneras, parece improbable que eso pueda ocurrir en un año electoral como el 2025, con la expectativa de que la titular del PJ sea candidata.