Consistentes fundamentos de la figura penal del femicidio en la Argentina

Sobre la base argumental de que el monto de la pena por un delito no puede ser desigual por razones de sexo, el Gobierno argentino anunció recientemente el propósito de eliminar el femicidio como categoría legal, tal como lo anunció formalmente el actual ministro de Justicia nacional, en el sentido de que se impulsará una reforma legislativa para eliminar esa figura del Código Penal.

Lo que se cuestiona desde el Gobierno es que estos delitos tengan penas agravadas por el sexo de la víctima. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que la postura oficial forma parte de “una visión política que busca reducir al mínimo la intervención estatal y deslegitimar movimientos sociales”, sobre la base de que estos últimos “promueven privilegios en lugar de derechos”.

Lo cierto es que el anuncio del Ejecutivo nacional originó de inmediato polémicas, por considerarse que, de ser sancionada la abolición, puede asestarse un duro golpe a los derechos de la mujer y regresar hacia una negativa deslegitimación de la violencia de género.

El femicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de varones hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital.

Está claro que, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, la tipificación del femicidio no fue un capricho, sino una respuesta a lo que se consideró una necesidad social urgente. Como se recordará, el Congreso argentino aprobó por unanimidad esa norma en noviembre de 2012. La ley sancionada había sido revisada dos veces y fue sometida a múltiples estudios en las comisiones, recabándose además la opinión de especialistas.

Según señalan muchos juristas, la figura del femicidio surgió como respuesta a una desigualdad estructural, para visibilizar la violencia sistemática contra las mujeres, destacándose que esos crímenes no son aislados, sino que responden a dinámicas de poder profundamente arraigadas.

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Según trabajos de las Naciones Unidas, cada día, 137 mujeres son asesinadas en el mundo por miembros de sus familias. En América latina, la región con mayores índices de femicidios, esta figura busca responder a un problema que trasciende al ámbito individual y que se inserta en una estructura social de desigualdad de género.

La criminología ha demostrado, dicen los especialistas, que los crímenes contra mujeres suelen implicar patrones específicos de violencia, como el control, la posesión y la deshumanización de las víctimas. Estas características justifican un tratamiento diferenciado, ya que reflejan una problemática que excede el acto criminal en sí y expone una realidad estructural que requiere intervención del Estado.

A su vez, uno de los legisladores argentinos que en 2012 impulsó el proyecto sostuvo en los fundamentos que “la magnitud de las violencias contra las mujeres interpela a los Estados a promover estrategias y políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y eliminar los tipos y modalidades bajo las cuales se manifiesta”.

Sobre la esencia conceptual de la reforma, afirmó que “por ello, es fundamental discriminar los femicidios de los asesinatos de mujeres, aquellos en los que el género femenino de una víctima es irrelevante para el perpetrador. En cambio, sí deben ser considerados bajo esta categoría, aquellos homicidios de mujeres en los que la conducta del criminal evidencia un fundamento misógino o sexista, ocurra éste al interior de los hogares, en la vía pública, en situaciones de conflicto armado, o en cualquier otro ámbito público o privado donde las mujeres transcurren su vida cotidiana; es el poder de los varones ejercido sobre el cuerpo de las mujeres”. Una sentencia diferenciada tendría, entonces, pleno fundamento.

Más allá de los aspectos técnicos y jurídicos que, de avanzar con el proyecto, deberán abordar y definir los legisladores, también parece claro que existe un atraso en el plano cultural, con una sociedad que aún no ha comprendido los diversos grados de violencia y discriminación que siguen acechando y segregando a las mujeres. Pese a que se han dado pasos positivos, persisten sin duda omisiones y desigualdades en las estrategias educativas y sociales para combatir la violencia de género. Aquí los especialistas ponen el acento en la necesidad de inculcar en los niños una educación temprana y comprensiva de lo que hace falta para igualar totalmente los derechos entre las mujeres y los varones.