Inmobiliarias en alerta por un proyecto de desregulación

En el mercado de las propiedades se encendieron luces rojas en los últimos días, una vez que los trascendidos surgidos del Gobierno Nacional mostraron en detalle un proyecto de desregulación de la actividad, hoy con habilitación exclusiva para los martilleros. Ese es el punto principal, que abriría la posibilidad de promover las transacciones más allá de las inmobiliarias con matrícula del colegio profesional.

La iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger -indican las versiones en torno al tema- es seguida de cerca por el presidente de la Nación, Javier Milei.
Fuera de los despachos, en las inmobiliarias y cámaras que las integran a nivel local, provincial y nacional hay conmoción y ya aparecieron posicionamientos con críticas a la idea. Se sostiene que tanto la labor de los martilleros, por su capacitación universitaria, como los colegios profesionales que hoy regulan y realizan el contralor de la actividad profesional, son barreras para los engaños y a la vez colabora con la cadena de valor que conforma el amplio sector inmobiliario. Las leyes hasta ordenan que cada inmobiliaria deba llevar como marca comercial el nombre de quien tiene registro en el Colegio de Martilleros.
En términos prácticos, la calle tiene hoy a empresas y agentes no matriculados ejerciendo la labor mientras se desarrolla una extensa batalla judicial empujada por colegios de esa profesión. “Si se dice que la actividad inmobiliaria está mal es porque la desregulación ya está en términos reales”, analizó un martillero local en medio del debate.

Enfrente, en el Gobierno se argumenta que bajarán los costos de la intermediación y habrá menos trámites.

La reforma saldría a través de un Decreto de Necesidad y urgencia (DNU), un instrumento al alcance de la lapicera del Presidente pero que requiere de un paso por el Congreso.  
No hay fecha ni difusión de la redacción más allá de la idea base que abriría la cancha para el ingreso decidido de empresas expandidas con el formato de franquicia y personal. En suma: ya no sería obligatorio estar colegiado para ofrecer servicios inmobiliarios y se sumarían nuevos agentes a la intermediación entre la punta compradora y vendedora. Se les exigiría una capacitación pero no la colegiación obligatoria.

Siempre según la versión aún no oficializada, estas nuevas modalidades podrían “convivir”. También seguirían los colegios profesionales. La reforma no contempla eliminarlos, sino que deje de ser obligatorio matricularse. Eso, entienden en las inmobiliarias, los arrasaría en la práctica porque habría que buscarle un nuevo sentido a la matriculación y el pago anual. Con esto último también empezarían a crujir las cajas previsionales que pagan las jubilaciones a quienes se retiran de la profesión hoy regulada.

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), que integra a las cámaras provinciales expuso en un comunicado de las últimas horas que “suprimir entidades que suman en la cadena de valor del crecimiento del país, de la mejora continua y capacitación, de medidas de prevención, no sólo resulta innecesario si no que acarrea un retroceso en la búsqueda del orden, la seguridad, el equilibrio y la competencia leal que evitan deformaciones, monopolización o concentraciones económicas que en definitiva perjudican a la sociedad contratante”.

Contrapunto

La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) marcó un contrapunto. Mariano García Malbrán, titular de la entidad, declaró apoyo a la idea: “Reducir trámites burocráticos y costos mejoraría el mercado”, argumentó. Opinó que el Gobierno tiene crédito en su mirada del mercado de propiedades porque obtuvo un efecto positivo con la derogación de la Ley de Alquileres.

Mientras, se debate en el Colegio local y Provincial, con sede en la Ciudad, así como en las cámaras y asociaciones locales de martilleros.

La martillera Gisela Agostinelli le dijo a este diario que “es muy importante la existencia de los colegios de martilleros, que garantizan el correcto y adecuado ejercicio de la profesión, supervisando la ética profesional y la matrícula habilitante para el ejercicio”. Luego, hizo hincapié en la organización de la profesión en torno a la formación, primero terciaria y últimamente de nivel universitario: “Mientras mayor sea la capacitación y el estudio mayor serán los beneficios para los clientes”, sostuvo.

 El titular de “Penayo Propiedades”, Ramón Penayo, apuntó que los profesionales, con el actual formato, no sólo se dedican al corretaje. También actúan como auxiliares de la Justicia en expedientes referidos a litigios por la propiedad. “No creo que un juez, en una quiebra, llame a un asesor inmobiliario porque no tiene el conocimiento”.

También planteó los requerimientos de formación en torno a la compra y venta de propiedades: “La persona que se sienta con una ilusión a comprar un inmueble hay que darle toda la seguridad. Si quien está del otro lado tiene más duda que el futuro comprador o el oferente es posible que no se haga el negocio”.

Luego se cruzó al escenario posible de la desregulación, con una empresa conformada por agentes sin matrícula: “No sé hasta qué punto ellos podrían dar un valor si no están inmersos en el mercado, formándose, haciendo cursos o sin integrar una asociación de martilleros o una cámara inmobiliaria”.