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Javier Milei en Expoagro/afp
Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
La pérdida de la capacidad de fijar agenda tal vez sea uno de los mayores temores de los estrategas comunicacionales del gobierno de Javier Milei, que se habían mal acostumbrado a esa dinámica. Es que durante el primer año de gestión, con un Presidente en la cresta de la ola de aprobación popular, les salió muy bien aquella estrategia. Pero el escándalo cripto, que involucró personalmente al jefe de Estado, marcó una suerte de freno. Desde entonces se nota mucho más, incluso con giros desfavorables para la Casa Rosada, la pelea de imposición de la realidad por sobre el relato. Podría decirse que antes era al revés: la narración pesaba tanto que moldeaba la percepción social de los eventos. Hoy el poder procura volver a ese estatus ideal. Lucha por eso.
El descontrol que se vivió el miércoles pasado en el Congreso, afuera y adentro, asoma como la última postal de esa puja narrativa. La evaluación del Gobierno de los desmanes durante la marcha de protesta de jubilados, en la que participaron sectores políticos y barra bravas sueltos de clubes de fútbol con terminales políticas en el Conurbano, habría sido considerada “positiva” para los libertarios en términos de acumulación de capital propio. Al punto que la Casa Rosada, en plan de victimización, llegó a definir lo sucedido como un intento de “golpe de Estado”.
En un país con una trágica historia en esa materia, sorprende la ligereza con la que se usan esas definiciones desde las usinas del oficialismo de turno. Tanto como cuando desde vocerías de la oposición, básicamente el kirchnerismo y la izquierda, se equipara al gobierno de Milei -consagrado elecciones limpias- con “la dictadura”, aludiendo a la de 1976. O sea, al esquema opresor más sangriento que se ha registrado. El mismo mote que antes se había usado con la gestión macrista. En rigor, es una suerte de TOC del pero/kirchnerismo: todo lo que no sea propio es de derecha, con reminiscencias dictatoriales, “gorila” y acaso merecedor de la interrupción anticipada del mandato democrático.
La represión a los desmanes del miércoles pasado, que se barruntaba inevitable desde antes del inicio de una marcha cargada de avisos previos de posible violencia, fue aplaudida por sectores que el mileísmo cuenta como propios desde hace tiempo.
Probablemente no le haya sumado nada al oficialismo si las adhesiones pudieran contarse como unidades; acaso tampoco le haya restado ni un ápice de respaldo. El viernes, en Expo Agro, el Presidente sobre actuó la postura oficial al decir que “los buenos son los de azul y los malos los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazas a toda la gente porque no quieren perder sus curros son los malos”.
Más allá de la demagogia discursiva derechista, se trató de un contundente respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo de la fuerza policial que detuvo a más de cien alborotadores y le disparó en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno a un militante/fotógrafo que lucha por su vida. Milei pareció decir que Bullrich no será un fusible si Pablo Grillo -de él se trata- no logra sobrevivir. Es el estilo del Presidente: siempre sube la apuesta. Bullrich, además, probablemente sea candidata en las elecciones legislativas de este año en la pelea que La Libertad Avanza le dará al PRO en la CABA.
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También Milei buscó recuperar y capitalizar otra vez la simbología del ya remanido concepto de “casta”, que le fue útil en su construcción de campaña, primero, y en los inicios de su gestión después. Es que aquel efecto favorable para él, el sitial de no pertenecer a ese linaje de privilegiados, se fue alejando de su figura a partir del caso $Libra, según aseguran varios estudiosos de la opinión pública.
Es verdad que la reciente semana violenta bajó la atención mediática respecto al escándalo cripto. Pero no lo ha sepultado. Ahí radica otro de los desafío de los estrategas libertarios para los días que vienen.
Lo que pasó adentro del Congreso el miércoles también reviste gravedad. Las patéticas escenas de diputados libertarios puros o aliados peleándose entre ellos por cuestiones vinculadas a la sesión que se llevaba a cabo evidencian -o, en rigor, resaltan- escandalosas debilidades políticas de un oficialismo escuálido de referentes (sólo una treintena de legisladores propios), que no puede darse el lujo de la división. Sobre todo teniendo en cuenta tres cosas:
1) Las delicadas cuestiones que el Gobierno debe pasar por el Congreso. Como el acuerdo con el Fondo Monetario, plasmado coyunturalmente en un incomprensible Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) pero que en algún momento deberá ser analizado en el palacio de las leyes.
2) La relación al borde la ruptura con el PRO de Mauricio Macri, hasta ahora el mayor aliado legislativo de la Casa Rosada. La buena salud de esa sociedad parecería atada a lo que suceda electoralmente en la Ciudad de Buenos Aires, el bastión mauricista por excelencia, básicamente lo que explica su existencia política, donde los libertarios parecen obsesionados con la idea de desplazarlos del poder en los próximos dos años.
3) Un kichnerismo legislativo embravecido -la caída de la sesión del miércoles dejó un tendal de enojados, con Máximo Kirchner como emblema- que parece dispuesto a asestarle un golpe al Gobierno en el Senado, con la posibilidad de voltear la designación de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema por decreto presidencial. Y acaso aprobar el nombramiento allí del cuestionado Ariel Lijo sólo si les respetan sus condiciones. Que son, básicamente, expandir sus tentáculos en el mundo del Poder Judicial con nombramientos afines.
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