Frente al delito, el Estado necesita recursos más aptos

Las carencias operativas y los vacíos legales existentes en nuestro país para enfrentar distintas modalidades delictivas –en especial ahora las relacionadas a los cambios producidos por los avances electrónicos, entre estos las redes de internet- fueron nuevamente mencionadas en estos días y para referirse al deficiente abordaje institucional de los delitos de abuso y trata infantil.

Un conocido especialista en este tema aludió a la falta de leyes adecuadas y a la vulnerabilidad de las fronteras como factores que facilitan la operación de redes criminales transnacionales, las cuales aprovechan las debilidades del país.

Como se sabe, sobre estas cuestiones se coloca siempre la lupa cada vez que se registra algún secuestro de menores de edad, en episodios que originan una enorme conmoción pública. Sin embargo, los delitos se reiteran sin que existan noticias acerca de modificaciones estructurales, aptas para identificar y detener a los autores de esos secuestros.

Se alude siempre en estas situaciones a la presencia de redes criminales que se aprovechan de estas fragilidades institucionales y operativas del país para continuar con una actividad que, habitualmente, se realiza en perjuicio de entornos familiares humildes, lo que los vuelve más susceptibles a estos delitos.

El especialista contrastó la situación argentina con la de países como Australia, donde se implementan controles psicológicos mensuales por parte de profesionales que trabajan con menores, como medida preventiva. En contraposición, criticó que en Argentina se actúa principalmente “cuando el delito ocurrió”, advirtiendo que la solución no se limita a saturar las cárceles.

Como se ha dicho, tales deficiencias se hacen sentir en la mayoría de los delitos, desde los robos violentos con entraderas hasta, inclusive, aquellos que ocurren a las calles y que parecen ser fortuitos, cuando en realidad una población suficientemente alertada y, sobre todo, una policía con mayor presencia en las calles podrían neutralizarlos con mayor facilidad.

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Desde luego que los secuestros y abusos infantiles constituyen faltas gravísimas y, sobre todo el primero de ellos, por su mayor complejidad, requieren la existencia de estructuras de seguridad idóneas para reaccionar con mayor rapidez frente a ellos. Además de un cuadro legislativo previsor, los organismos de seguridad del Estado debieran contar con recursos y posibilidades -tanto en armamentos como en comunicaciones y medios de movilidad –más modernos y eficaces que aquellos con los que dispone la delincuencia.