El Nación ya no tendrá más el monopolio del pago de sueldos

El Gobierno de Javier Milei adjudicó esta semana a once bancos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos, un paso clave en la intención oficial de desregular el monopolio que tenía el Banco de la Nación Argentina (BNA).

La apertura de ese negocio forma parte del plan para que las reparticiones del Estado no queden obligadas a contratar los servicios de BNA, Nación Seguros -norma de Alberto Fernández que desencadenó un escándalo de corrupción- e YPF. En ese sentido fueron los decretos 70/2023 y 747/24 que impulsó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzeneger.

La Decisión Administrativa 9/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial, formalizó la adjudicación del “servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito” de cuentas sueldos por el término de tres años con opción de prórroga de un año adicional.

Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional que así lo requieran podrán utilizar, además del BNA, los nuevos proveedores seleccionados: Credicoop, Patagonia, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro y Supervielle.

La Decisión Administrativa también desestimó las ofertas presentadas por Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Brubank.

El decreto 70/2023 contemplaba que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarían más de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga.

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Luego, mediante el decreto 747/2024, se derogó en agosto pasado la obligación de implementar el pago de haberes al personal de las jurisdicciones y entidades de la Administración pública mediante el Banco Nación, además de la obligación de rescindir todos los contratos vigentes con el BNA en el plazo de un año.

Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional que así lo requieran podrán utilizar, además del BNA, los nuevos proveedores seleccionados.