Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura son “sistemáticas” en Venezuela, donde se usa “el terror” para “anular la disidencia”, afirmó ayer en Washington el Instituto Casla, que alertó de “532 detenidos cuyas identidades se desconocen”.
Desde la polémica reelección en julio del año pasado del mandatario izquierdista Nicolás Maduro, la oposición venezolana denuncia fraude y reivindica el triunfo de su candidato, el exiliado Edmundo González Urrutia.
La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, de los cuales más de 2.000 han sido excarcelados. Activistas denuncian no obstante que los arrestos de opositores no han cesado. La ONG Foro Penal cifra en 906 los presos en Venezuela por razones políticas.
Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, denuncia “crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro” con “violaciones sistemáticas y generalizadas contra la población civil”, especialmente contra opositores. “Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura no son hechos aislados, sino prácticas sistemáticas que configuran una estrategia clara de control social”, afirma en un informe que abarca de marzo de 2024 a abril de 2025.
Casla denuncia un “’Estado terrorista’, donde el terror es utilizado como política pública para anular la disidencia, silenciar opositores y mantener el poder a través del sometimiento”. “Hemos obtenido información confidencial sobre la existencia de más de 532 detenidos cuyas identidades se desconocen” en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), afirmó la directora de Casla, Tamara Sujú, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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