En junio de 2023, por el dictamen de culpabilidad emitido por un jurado popular, la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata, Carolina Crispiani, había sentenciado a prisión perpetua a dos policías y, a otros dos les aplicó 15 años de prisión, acusados por la llamada “Masacre de Monte”, en la que -en una persecución a los tiros en 2019- perdieron la vida Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22). Rocío Quagliarello, por aquel entonces de 13 años, fue la única sobreviviente.
El expediente siguió su curso recursivo, pero ahora se conoció una nueva decisión del tribunal de Casación bonaerense, que no hizo lugar a los planteos de inaplicabilidad de ley contra su fallo de 2024, donde confirmó las penas al decisorio de Crispiani.
Las apelaciones habían sido presentadas por Nicolás Agustín Blanco, defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en favor de Mariano Alejandro Ibañez; lo mismo que hicieron los defensores particulares Guillermo Baqué, María Celeste Baqué y Luis María Giordano, en favor de Rubén Alberto García y Federico Schumacher, y Diego Onorati, por Leonardo Daniel Ecilape.
La pena de prisión perpetua fueron emitidas contra los ex policías Rubén García y Leonardo Ecilape, mientras que para Mariano Ibáñez y Manuel Monreal, la condena fue de 15 años de cárcel.
Por eso ahora quedaría expedita la vía de la llegada del expediente a la Suprema Corte bonaerense, a la cual deberían ir en queja.
Para Casación, al fundar su rechazo, sostuvo que con las impugnaciones efectuadas no se llegó a establecer, de manera inequívoca e inmediata, la relación que existiría entre lo resuelto en el fallo en crisis y las afectaciones constitucionales que se denunciaron.
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