Argentina debate el impacto del reglamento europeo sobre productos sin deforestación

En una reunión virtual convocada por el Instituto de Capacitación Agropecuaria (Incagro), especialistas del sector agroindustrial argentino analizaron el impacto del Reglamento 1115/2023, aprobado por la Unión Europea en 2023, que exige que productos como la soja y la carne provengan de áreas “libres de deforestación” para ingresar al mercado europeo. El encuentro se realizó en Argentina en 2024 y contó con la participación de Viki Lövenberg, consejera de la Delegación de la UE en el país; Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC; Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores, y Raúl Dente, presidente de Incagro, quien ofició de moderador.

La normativa europea debía entrar en vigencia el 1° de enero de 2024, pero tras la oposición de países sudamericanos exportadores, su aplicación fue postergada hasta la misma fecha de 2026. El principal cuestionamiento es que Europa impone criterios propios para definir qué se considera deforestación, sin contemplar las leyes locales, y exige niveles de certificación que actores del sector consideran difíciles de cumplir.

Uno de los mayores desafíos es la necesidad de segregar físicamente los granos certificados de aquellos que no lo están, algo complejo de implementar. Para responder a estas exigencias, Argentina desarrolló la plataforma VISEC, una herramienta gratuita que permite cumplir con los requisitos europeos.

Durante el encuentro, Lövenberg explicó que el reglamento busca frenar el cambio climático y responde a una demanda social de mayor conciencia ambiental. Señaló que la norma forma parte del Pacto Verde Europeo y se aplica tanto a productos europeos como importados.

Las tres condiciones centrales del reglamento son: estar libres de deforestación desde el 31 de diciembre de 2020, cumplir con la legislación del país productor y contar con una declaración de debida diligencia firmada por el operador europeo. “Esto no es una prohibición. Se basa en definiciones internacionales, principalmente de la FAO”, subrayó Lövenberg, quien destacó que la exigencia de geolocalización de parcelas mejora la trazabilidad y podría ser una oportunidad para Argentina.

Por su parte, Idígoras valoró la plataforma VISEC y su capacidad para garantizar trazabilidad confiable. Explicó que el sistema se apoya en registros como el RENSPA y la Carta de Porte, lo que permite seguir el recorrido de los productos desde el establecimiento hasta el puerto. “Desde CIARA-CEC alentamos claramente a todos los actores de la cadena a que se sumen. Es una plataforma transparente, de libre acceso”, indicó. Sin embargo, advirtió que la segregación física es “el tema de mayor dificultad práctica, de mayor esfuerzo económico y con cierta irracionalidad de implementación”.

Fernando Rivara fue aún más crítico con esta exigencia: “Es tan ridículo como pretender que los bancos separen los billetes según el barrio donde vive cada depositante”. Alertó que la segregación podría generar efectos ambientales adversos, como un mayor uso de gasoil para secar granos, lo que aumentaría el calentamiento global: “Para bajar un punto de humedad en un camión de 30 toneladas, tengo que consumir 75 litros de gasoil”.

Rivara pidió una alternativa más simple y destacó que el país ha trabajado activamente en la elaboración de un protocolo confiable. “El VISEC tomó el desafío y hoy podemos presentar un protocolo absolutamente confiable. La certificación es una garantía”, concluyó.

El debate dejó en evidencia que, si bien hay consenso sobre la importancia de combatir la deforestación, la efectividad de la norma europea dependerá de su implementación concreta y de la capacidad del sistema productivo argentino para adaptarse, especialmente frente al complejo tema de la segregación física.