Una exhaustiva investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal N° 1 especializada en Delitos de Defraudaciones, Estafas y Extorsión en Entornos Digitales del Departamento Judicial de Quilmes ha logrado desmantelar una compleja organización delictiva transnacional. Esta banda se dedicaba a la ciberdelincuencia y fue desarticulada tras perpetrar una millonaria estafa contra una mediana empresa local. Los allanamientos, realizados con la colaboración de la División CiberCrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con sede en Florencio Varela, permitieron el secuestro de teléfonos celulares, notebooks y otros dispositivos electrónicos clave para la investigación.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el titular de una PyME de Quilmes. El empresario relató que, al intentar ingresar al sistema de home banking de su entidad bancaria, se encontró con un mensaje que solicitaba una "actualización de certificados". Minutos después, detectó que se habían realizado 25 transferencias electrónicas, sumando un total de $138 millones, a cuentas de personas desconocidas.
La investigación, encabezada por el fiscal Ariel Rivas y el ayudante fiscal Leandro Montejo, contó con el apoyo fundamental del Departamento de CiberDelitos y Tecnologías Aplicadas, así como del equipo de análisis de criptoactivos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Utilizando herramientas forenses especializadas, como QLUE de Blockchain Intelligence Group, los investigadores lograron rastrear los fondos desviados, siguiendo la trazabilidad de las operaciones.
Los movimientos financieros analizados evidenciaron que el dinero fue rápidamente transferido a cuentas de criptomonedas, un método común entre las bandas de ciberdelincuentes para blanquear los activos. Parte de los fondos fue depositado en billeteras virtuales (wallets) pertenecientes a personas de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes, según informaron las autoridades nacionales, no registraban ingresos al país, lo que refuerza la hipótesis de una estructura transnacional.
Durante el curso de la investigación, también se descubrió que una de las personas involucradas en la trama había adquirido pasajes aéreos para ella y su familia utilizando la criptomoneda USDT, obtenida producto del ilícito. La compra fue realizada a través de una aerolínea nacional y, gracias a una alerta emitida por la fiscalía de Quilmes, pudo ser frustrada a tiempo, evitando así una nueva maniobra fraudulenta. La investigación continúa con pedidos de captura internacional para aquellos sospechosos que se encuentran fuera del país, y se ha imputado a varias personas que, de acuerdo con la fiscalía, forman parte de distintos niveles dentro de la compleja organización criminal.
Desde la fiscalía se ha emitido una advertencia a la comunidad empresarial, señalando que este tipo de delitos suele tener como blanco principal a pequeñas y medianas empresas que carecen de medidas adecuadas de seguridad informática. La falta de antivirus actualizados, software protegido y personal capacitado en ciberseguridad las convierte en blancos vulnerables para los ataques digitales, lo que puede generar perjuicios económicos devastadores para las pymes.
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