Cuestión de vida y muerte: resurge el debate sobre la tenencia y portación de armas

“Bienvenidos a Arana: muchos delincuentes y pocos policías. Vecinos armados”. El pasacalle llama la atención de inmediato, pero no es el único. Los hay en otras localidades y barrios de la Región, y echan leña a la hoguera de un debate reabierto por la creciente delincuencia y las modificaciones del Gobierno nacional al régimen de acceso a armas de fuego, que incluyó una baja de la edad mínima para acceder a la tenencia legal, de 21 a 18 años, y el lanzamiento del trámite “Tenencia Express”, que permitirá obtener permisos de manera más expeditiva, entre otras disposiciones anticipadas o en estudio.

Mientras la respuesta sobre qué modelo de seguridad queremos que prevalezca sigue sin una respuesta consensuada, todos los actores mueven sus fichas. En este contexto, la Asociación del Rifle Argentina (ARA) salió a respaldar las medidas oficiales, negó que exista una desregulación y redobló su pedido: avanzar hacia la libre portación de armas. “Es el marco jurídico que necesitamos para ejercer la legítima defensa”, sostuvo el presidente de la entidad, Daniel Castellani.

“No hay desregulación. Lo que hubo fue una agilización de trámites que antes tardaban 3, 6 o 12 meses y ahora pueden completarse en 72 horas. Pero los requisitos siguen siendo los mismos” subraya el dirigente platense. A su vez, defendió la rebaja de la edad mínima para tramitar la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) a los 18 años: “Era algo natural. Ya lo contemplaba el Código Civil. Lo que se hizo fue adecuar la norma a lo que corresponde. De hecho, el Ejecutivo no flexibilizó aún la portación, por lo que presentamos un proyecto pidiendo que se autorice el traslado de nuestra arma, en condiciones de inmediato uso, en nuestro vehículo; creemos que puede salir, depende de una decisión política”.

El titular de la Asociación del Rifle apuntó contra las políticas de desarme promovidas en las últimas décadas. “Fuimos perseguidos ideológicamente. Han hecho hasta lo imposible para que desistiéramos de querer acceder de manera lícita a un arma de fuego. Nos impidieron el acceso lícito a las armas mientras el delito crecía. Pero el desarme civil solo beneficia a dos sectores: a los delincuentes y a los políticos tiranos que no quieren a la población armada. Venezuela es un ejemplo claro”.

Superados por la delincuencia

“Los legítimos usuarios de armas de fuego en La Plata no somos tantos como algunos podrían pensar, sino unos 20 mil, lo cual representa una pequeña porción si se tiene en cuenta que el padrón electoral cuenta con aproximadamente 700 mil personas” amplía Castellani: “Lamentablemente, siempre somos superados por la delincuencia. Por cada ciudadano con tenencia legal de un arma, se calcula que hay al menos diez delincuentes armados dispuestos a quitarle la vida. Está demostrado, en países desarrollados, que una mayor cantidad de armas en manos de civiles responsables se asocia a un menor índice de delitos”.

Por último, negó que las armas en manos de usuarios legales terminen en el circuito criminal: “Los legítimos usuarios tenemos nuestras armas bajo estándares estrictos de seguridad. Las armas que circulan en el delito provienen del tráfico ilegal, muchas veces con participación o responsabilidad estatal, como las que desaparecen de los depósitos judiciales”.

La discusión seguirá abierta, con posiciones encontradas entre quienes proponen el desarme como política de paz y quienes, como la ARA, creen que la pacificación va de la mano de una agenda que amplíe el derecho a armarse.

La otra mirada

Numerosas organizaciones sociales, ven el tema desde otra perspectiva. La ONG local La Plata Solidaria propone, por ejemplo, un programa de desarme juvenil que pone el foco en la prevención y la promoción del valor de la vida.

La entidad advierte que en la Argentina circulan alrededor de 4 millones de armas en el mercado irregular, y que, según datos del Ministerio de Salud, el 44% de las muertes por armas de fuego se producen en el marco de agresiones, que incluyen desde conflictos intrafamiliares hasta hechos delictivos violentos.

Con su propuesta de creación de Centros de Desarme Voluntario en espacios comunitarios y programas de concientización en todas las escuelas de nivel medio, La Plata Solidaria busca abrir el debate en torno a las políticas públicas sobre armas y violencia.

En un momento en que el Estado nacional apuesta por la desregulación y la agilización de los permisos para la tenencia, comercio y eventualmente portación de armamento, para la ONG, el camino debe ser el contrario: más educación, más contención y menos armas en circulación.

Pablo Pérez, referente de La Plata Solidaria y miembro de Víctimas por la Paz, sostuvo que hay políticas pueden tener consecuencias graves e irreversibles. “Facilitar que la sociedad se arme es facilitar que ocurran cosas de las que después nos tenemos que arrepentir”, considera. Y pone como ejemplo los numerosos casos en que niños accedieron a un arma familiar y causaron tragedias. “¿Cuántos chicos mataron a un hermanito por agarrar el revólver del abuelo?”, se preguntó: “con que pase una vez, ya no vale la pena”.

Desde su experiencia en organizaciones que trabajan en el territorio, Pérez también cuestionó la idea de que armar a la ciudadanía pueda contribuir a reducir la inseguridad. “Lo que hay que hacer es sacar las armas de los lugares donde los pibes las usan para hacer cagadas, no habilitar más armas en circulación”, remarcó.

El referente social aclaró que no se oponen al uso responsable de armas en ámbitos reglamentados. “Tengo un amigo que es campeón de tiro, pero no anda calzado por la calle. Guarda el arma en su casa. No es un fanático de andar con un caño cargado encima todo el día”, ejemplificó.

Para Pérez, más allá del marco normativo, el problema de fondo es cultural y social: “Son modas, corrientes que van y vienen. Hoy se instaló que hay que armarse, que es la única forma de defenderse. Pero después pasan cosas como la del tipo que mató a otro por escuchar música fuerte. ¿De verdad vas a matar a alguien por eso?”, planteó, aludiendo al caso reciente que involucró a un ex policía: “¿o vas a manotear el arma que tenes ahí nomás y meterle un balazo a uno que te insultó o te pegó una piña?”.

INSTANCIAS, TRÁMITES Y REQUISITOS

En Argentina, para usar legalmente un arma de fuego se debe tramitar la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). El trámite cuesta $5.000 y se realiza vía MiAnmac, exige acreditar identidad y domicilio, aprobar un examen psicofísico del SiAF, presentar certificado de antecedentes penales, demostrar conocimientos de manejo de armas avalados por un instructor y acreditar ingresos legales.

Con la CLU se puede gestionar la tenencia de armas, lo que permite tener un arma en el hogar y transportarla descargada. La portación, que permite llevar un arma cargada en la vía pública, es un permiso excepcional. Requiere justificar por escrito razones de seguridad, presentar pruebas y aprobar un examen específico.

La Asociación del Rifle encuestó a más de 1.500 personas en diez provincias y la CABA. Solo el 12% admitió tener armas, mientras que el 57% dijo no poseer y el 31% no respondió. Entre los motivos, predominan la defensa personal (58%), el deporte (18%) y la caza (17%). Quienes no tienen armas mencionaron dudas, desagrado o temor. El 53% cree que es difícil acceder legalmente y el 81% apoya la libre portación, en amplia sintonía con los planteos de la ARA.

Desde La Plata Solidaria proponen que las personas puedan entregar armas de forma anónima, voluntaria y con amnistía penal, a cambio de un incentivo económico. La organización plantea que es necesario iniciar un camino de reparación, con normas y valores que trasciendan las ideologías, para salir de una sociedad “caníbal”. Afirman que “No hay atajos. Hay que hacer”, y se cuestionan si es justo brindar oportunidades a jóvenes conflictivos, mientras otros en condiciones similares luchan por sobrevivir sin delinquir. “Quizás no” admiten: “Pero eso no es motivo para no intentarlo”.

Los legítimos usuarios de armas de fuego, en La Plata, rondan los veinte mil