Fentanilo mortal: inhiben bienes de más de 30 personas y empresas

La causa judicial por la distribución de fentanilo contaminado, que ya estaría vinculado a la muerte de al menos 54 personas, dio un paso clave con una de sus primeras medidas de alto impacto. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la inhibición general de bienes de 31 individuos y sociedades, todos ellos señalados como presuntos integrantes de una red que habría participado en la elaboración y comercialización del medicamento adulterado.

Según consta en la resolución judicial, los alcanzados por la medida estarían conectados con una trama de personas físicas y jurídicas cuyas actividades aún no se esclarecieron del todo, pero que mantienen vínculos directos con los responsables de HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y la droguería Alfarma, encargada de distribuir los productos fabricados por HLB. De acuerdo a información revelada, el magistrado ya había tomado una decisión clave el pasado 23 de mayo: prohibió la salida del país a un grupo importante de personas relacionadas con las firmas mencionadas. La intención detrás de esta medida es evitar que se obstaculice la investigación y asegurar la disponibilidad de los bienes que eventualmente podrían estar ligados a maniobras ilícitas.

Aunque todavía no se dictaron imputaciones ni procesamientos formales -se aguardan peritajes cruciales sobre las partidas de fentanilo secuestradas y otros documentos clave-, las restricciones impuestas dejan entrever que el juez ya tiene identificados a los potenciales responsables y que planea avanzar con firmeza.

Para avanzar en ese escalón del proceso, Kreplak debe establecer si la responsabilidad en la contaminación fue del director técnico y si el dueño del laboratorio lo sabía. Hasta el momento, está comprobado que dos lotes de fentanilo de HLB -los identificados con el número 31.202 y 31.244- estaban infectados con dos bacterias que luego terminaron en los organismos de los fallecidos.

Entre los principales apuntados se encuentran Ariel Fernando García, cara visible de HLB Pharma Group S.A., y sus hermanos Damián Roberto y Diego García. También figuran su madre, Nilda Furfaro, y su abuela, Olga Luisa Arena, de 90 años, ambas con cargos formales como presidentas de la firma. Todo indica que las decisiones relevantes se tomaban en el seno familiar.

Tal como se informó en ediciones anteriores, la investigación derivó en la increíble relación de Ariel García Furfaro con la política, a tal punto que se constató comparte negocios, domicilios y vuelos privados con Lázaro Báez.

El epicentro de esta compleja red es Top Air, una empresa dedicada al servicio de charters privados, que operaba desde Libertad 141, en Río Gallegos, el mismo corazón del entramado empresarial de Lázaro Báez. Dos de sus aviones fueron clave en los decomisos de la Justicia. Lo que no se sabía es que los papeles de esta sociedad tienen un nombre clave: Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB, investigado por los desvíos de calidad que causaron las muertes y por posibles vínculos con el narcotráfico.

Lo cierto que las inhibiciones dictadas ayer por el juez Kreplak también alcanzan a directores técnicos, responsables de control de calidad y otros cargos jerárquicos de las empresas involucradas, quienes debían garantizar la seguridad de los productos antes de que llegaran a manos de pacientes, tanto en unidades de terapia intensiva como en tratamientos menos complejos. El fentanilo, distribuido a nivel nacional, está asociado a la muerte de al menos 54 pacientes, 15 de ellas ocurridas en el Hospital Italiano de La Plata.