El plan de los tres pasos de Javier Milei tras la derrota: veto, justicia y negociación

La aprobación en el Congreso de las leyes de recomposición jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad significó un golpe político para Javier Milei. Fue el mayor revés parlamentario de su joven gestión, que hasta aquí se había sostenido en alianzas parlamentarias transitorias y en la fragmentación de la oposición.

Las iniciativas aprobadas suponen un costo fiscal que el Gobierno considera incompatible con su política de equilibrio de las cuentas públicas. Para el Presidente, el control del gasto es la piedra angular de su plan económico, y cualquier concesión en materia previsional implica, según su visión, poner en riesgo la estabilidad fiscal y el rumbo del ajuste.

Primer paso: el veto presidencial

La primera respuesta oficial será el veto presidencial, herramienta constitucional que Milei ya confirmó que utilizará. El Gobierno busca evitar que las leyes entren en vigencia y frenar el impacto presupuestario que implicarían aumentos en las jubilaciones mínimas, la creación de una nueva moratoria y la declaración de emergencia en discapacidad.

Pero el veto no es suficiente por sí solo. Para tener efecto definitivo, el oficialismo necesita mantener un tercio de los votos en alguna de las cámaras. Si el Congreso logra insistir en las leyes con una mayoría de dos tercios, el veto podría quedar sin efecto y las normas entrarían en vigor.

La experiencia del año pasado, con el veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, es alentadora para la Casa Rosada: en esa ocasión, el oficialismo consiguió retener los votos necesarios gracias a acuerdos puntuales y a la ausencia de algunos opositores en la votación.

Plan B: judicializar el proceso

Si el Congreso consiguiera ratificar las leyes por insistencia, el Gobierno tiene preparado un segundo paso: acudir a la Justicia. La hipótesis oficial es que hubo irregularidades en el procedimiento legislativo durante el tratamiento de los proyectos, lo que habilitaría su impugnación judicial.

Fuentes cercanas a Balcarce 50 aseguran que ya se analizan argumentos para plantear la inconstitucionalidad de lo sancionado. Sin embargo, esta vía no está exenta de riesgos: especialistas en derecho constitucional advierten que es jurídicamente débil. Una vez superadas las mayorías reglamentarias, sostienen, el Poder Judicial tiene muy poco margen para revisar decisiones netamente políticas y parlamentarias.

“Sería difícil para la Corte declarar la nulidad de una ley que fue aprobada cumpliendo con el procedimiento y las mayorías que exige la Constitución”, explicó un constitucionalista consultado. La movida judicial, entonces, se lee más como una estrategia para ganar tiempo y retrasar la aplicación de las leyes, antes que como un camino con chances reales de éxito.

La negociación política, inevitable

Consciente de que la confrontación pura tiene límites, Milei evalúa un tercer paso en su estrategia: retomar el diálogo político para evitar que el Congreso se transforme en un muro infranqueable para su programa de Gobierno.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comenzó a bajar el tono de la confrontación. “Siempre hay margen para el diálogo”, sostuvo en las últimas horas, y señaló que “no todos los gobernadores son iguales” en sus demandas y posicionamientos. Esa frase expone la táctica oficial de intentar fracturar a la oposición y aislar a los sectores más duros.

Los gobernadores se convirtieron en actores clave. Su peso es decisivo no solo por los votos de sus legisladores, sino porque la mayoría de las leyes que Milei necesita implican partidas presupuestarias que impactan en las finanzas provinciales. El Gobierno sabe que si no logra algún entendimiento con ellos, su margen para impulsar reformas profundas se reduce drásticamente.

Más allá del contenido específico de las leyes previsionales y sociales, lo que está en juego es el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso. La capacidad del Gobierno para vetar normas, para resistir judicialmente decisiones del Parlamento o para negociar acuerdos es, en el fondo, la prueba de si Milei podrá sostener su plan de reformas en un escenario de minoría legislativa.

El desenlace de esta disputa marcará también el futuro inmediato de la agenda económica: desde la continuidad del ajuste hasta la aprobación del paquete fiscal que Milei considera indispensable para su modelo de equilibrio presupuestario.

La encrucijada es clara. Persistir en la estrategia de choque, apelando al veto y a la vía judicial, o abrirse a la negociación política para evitar que las mayorías legislativas bloqueen su gestión. En esa tensión se juega no solo el destino de estas tres leyes, sino la gobernabilidad de toda la administración libertaria.