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El expresidente de Brasil deberá permanecer en su casa durante las noches, los fines de semana y los feriados. No podrá usar redes sociales ni contactar a su hijo Eduardo
Bolsonaro, al salir de la Secretaría de Administración Penitenciaria/AP
El cerco judicial sobre Jair Bolsonaro se cerró un poco más. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó que el exmandatario (2019–2022) sea monitoreado mediante una tobillera electrónica y cumpla arresto domiciliario parcial, en el marco de la causa que investiga un presunto intento de golpe de Estado para desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022.
Por disposición del juez Alexandre de Moraes, Bolsonaro deberá permanecer en su residencia en Brasilia todos los días entre las 19 y las 6 horas, y durante todo el día los fines de semana y feriados. La decisión también le prohíbe el uso de redes sociales, cualquier contacto con autoridades extranjeras o ingreso a embajadas, y mantener comunicación con su hijo Eduardo Bolsonaro, también implicado en la causa.
“Estoy restringido a Brasilia con tobillera, sin haber cometido ningún delito”, expresó Bolsonaro tras salir de la sede de la Secretaría de Justicia donde se le colocó el dispositivo. Visiblemente molesto, denunció una “humillación suprema” y volvió a calificar el proceso en su contra como una “persecución política”.
Las medidas cautelares dispuestas por el STF se enmarcan en una causa que avanza desde hace meses y que investiga el accionar del expresidente y varios de sus exfuncionarios por un presunto complot para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras haber ganado los comicios de 2022.
Según la investigación, Bolsonaro habría promovido —junto con Eduardo Bolsonaro y otros colaboradores— un entramado de desinformación, presión militar y conexiones internacionales para deslegitimar el sistema de votación y buscar apoyo extranjero, principalmente de Estados Unidos, en un intento por revertir los resultados electorales.
El juez Moraes fue categórico al justificar la decisión: sostiene que Jair y Eduardo Bolsonaro “incitan, alientan y ayudan a un gobierno extranjero a llevar a cabo actos hostiles contra Brasil” y “buscan ostensiblemente someter el funcionamiento de la Corte Suprema a los Estados Unidos de América”.
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La Fiscalía ya pidió que se lo condene por estos hechos, y según fuentes del propio tribunal citadas por el diario O Globo, la sentencia podría conocerse entre septiembre y octubre. Si es hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar una pena superior a los 40 años de prisión.
El caso ha escalado en tensión política y diplomática. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de Bolsonaro, a quien considera víctima de una “caza de brujas judicial”.
En ese marco, Trump amenazó con imponer aranceles del 50% a los productos brasileños importados por EE.UU. a partir de agosto, si el gobierno de Lula continúa con el proceso judicial contra su aliado. La respuesta desde el Palacio del Planalto fue inmediata: Lula da Silva calificó la amenaza como “un chantaje inaceptable” y advirtió que Brasil podría aplicar medidas recíprocas.
Mientras tanto, Eduardo Bolsonaro —actualmente radicado en EE.UU.— afirmó que la única forma de evitar las sanciones comerciales es que el Congreso brasileño apruebe una amnistía para su padre. “Solo existe ese camino”, declaró el diputado, quien además se atribuyó haber influido en la postura del líder republicano.
Jair Bolsonaro ya fue declarado inelegible hasta 2030 en otra causa vinculada a la desinformación sobre el sistema electoral. Sin embargo, sigue mostrándose como el referente principal de la derecha brasileña y busca conservar su liderazgo rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.
La nueva decisión del STF golpea directamente esa aspiración. A la imposibilidad legal de ser candidato se suma ahora una limitación concreta en su libertad de movimiento, en su presencia en redes —una de sus principales herramientas políticas— y en sus vínculos con el extranjero.
Aunque intenta mostrarse desafiante, el contexto judicial y político parece jugarle en contra. La imagen del expresidente, que supo movilizar multitudes y generar una ola conservadora en América Latina, se ve hoy reducida a una señal electrónica en su tobillo.
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