"Es una medida política que interpela el futuro del derecho al agua en nuestro país"

El Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, se refirió a la privatización de AySA, anunciada días atrás por el Gobierno de Javier Milei.

En un texto, expresó: "El reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que habilita la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) no es solo una decisión administrativa o económica. Es una medida profundamente política que interpela el presente y el futuro del derecho al agua en nuestro país".

"El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2010) y por nuestra propia legislación nacional. No es una mercancía ni un servicio sujeto exclusivamente a las reglas del mercado. Es un bien común esencial para la vida, la salud y la dignidad humana", agregó Martello.

El argumento oficial -señala Martello- "gira en torno a la necesidad de generar divisas, atraer inversiones y “eficientizar” la gestión. Pero la historia argentina –y también la de muchos países latinoamericanos– ya demostró lo que ocurre cuando se privatizan los servicios públicos esenciales: tarifas impagables, desinversión, desigualdad territorial, y un deterioro en la calidad del servicio".

"Recordemos que AySA fue reestatizada en 2006, luego de una década en manos privadas bajo la gestión de Aguas Argentinas S.A., con mayoría accionaria de la francesa Suez. Aquel proceso terminó en litigios internacionales, reclamos por incumplimientos contractuales, y un brutal retroceso en la expansión de redes de agua y cloacas, especialmente en los sectores más vulnerables. Hoy, con alarmante liviandad, se vuelve a recorrer ese camino. Lo más paradójico es que uno de los principales interesados en quedarse con AySA es una empresa estatal extranjera: es decir, mientras aquí se privatiza, en otros países se gestiona el agua desde el Estado", agregó.

Y concluyó: "Estamos, entonces, entregando el control de un recurso estratégico y escaso a intereses privados, con el único fin de mostrar movimiento en el frente financiero. Esta lógica de corto plazo desoye tanto los estándares internacionales como el mandato constitucional de garantizar derechos esenciales".