El Papa, camino a evitar el pago de impuestos

Por primera vez en la historia, un Papa provoca un dilema jurídico en el Congreso de los Estados Unidos. Robert Francis Prevost, recientemente elegido como líder de la Iglesia Católica, nació en Chicago hace 69 años y conserva la ciudadanía estadounidense. Su ascenso al trono de Pedro ha planteado interrogantes legales vinculados al régimen fiscal y migratorio norteamericano, debido a que la legislación vigente exige que todos los ciudadanos, incluso los residentes en el exterior, paguen impuestos federales a menos que renuncien a su nacionalidad.

Para evitar este escenario insólito, el congresista republicano Jeff Hourd, del estado de Colorado, presentó un proyecto de ley que propone eximir al Papa del pago de tributos y le permite mantener su ciudadanía estadounidense sin restricciones. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de otros cinco legisladores del Partido Republicano y será tratada en las próximas semanas.

El objetivo, según los promotores del proyecto, es reconocer “la naturaleza extraordinaria del papado”, una figura única en el derecho internacional. El Papa no solo encabeza una institución religiosa con más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo, sino que además ostenta plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales como jefe de Estado del Vaticano.

En su rol, el Papa recibe aportes millonarios provenientes de donaciones, colectas y bienes eclesiásticos administrados por la Santa Sede. Aunque dichos recursos no pertenecen a su patrimonio personal, la legislación estadounidense podría interpretarlos como ingresos sujetos a impuestos, una posibilidad que los congresistas buscan evitar.

“La ley debe adaptarse a realidades excepcionales”, sostuvo Hourd durante la presentación del proyecto. El propio texto legislativo argumenta que el Papa, en tanto líder de un Estado soberano y cabeza de una confesión religiosa global, no puede ser tratado como un ciudadano común.

La situación también ha despertado discusiones en ámbitos académicos y diplomáticos.

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Desde su elección, el pasado 8 de mayo, juristas especializados en derecho internacional y migratorio debaten los alcances de su doble nacionalidad —estadounidense y peruana—, y las eventuales incompatibilidades con su nuevo rol como Sumo Pontífice.

Hasta ahora, el Vaticano no ha emitido declaraciones sobre el tema, y la Conferencia Episcopal estadounidense guarda silencio. Sin embargo, en Washington crece el consenso en torno a la necesidad de resolver la situación con rapidez. “Es fundamental evitar ambigüedades que puedan generar conflictos futuros”, señalaron fuentes legislativas.

De aprobarse, el proyecto marcaría un precedente sin igual: por primera vez, una democracia occidental adaptaría su marco legal para exceptuar a un Papa de sus obligaciones tributarias y de renuncia ciudadana, reconociendo así la singularidad política y espiritual del cargo que representa.