Acreedores presionan por las acciones de YPF

El conflicto por la expropiación de YPF suma nuevos actores y tensión creciente en los tribunales de Nueva York. Los fondos Burford Capital, Eton Park y Bainbridge presentaron escritos ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para impedir que se suspenda la ejecución del fallo que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal como forma de pago por condenas judiciales.

En su presentación más reciente, Burford y Eton Park sostuvieron que Argentina no tiene chances serias de revertir la decisión en la Corte del Segundo Circuito y cuestionaron el pedido argentino para frenar el cumplimiento. “No es probable que tenga éxito en apelar la orden de transferencia”, manifestaron ante la jueza, de acuerdo con lo difundido por el especialista Sebastián Maril.

Además, alertaron sobre proyectos en el Congreso Nacional de nuestro país que, a su juicio, buscan evitar el cumplimiento del fallo judicial incluso si se niega la suspensión. En su escrito, advirtieron que “la semana pasada se presentó un nuevo proyecto de ley identificando a Su Señoría por su nombre y buscando prohibir el cumplimiento de la orden de transferencia”.

El documento también apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien los demandantes vinculan directamente con la decisión de expropiar YPF en 2012, cuando era ministro de Economía en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Rescataron declaraciones recientes en las que calificó al fallo de Preska como “un sinsentido legal” y “absolutamente absurdo”. Según los fondos, estas expresiones reflejan una voluntad institucional de desacatar las órdenes del tribunal neoyorquino.

El Gobierno de Javier Milei había solicitado suspender la ejecución del fallo mientras tramita la apelación, bajo el argumento de que las acciones no pueden transferirse sin la autorización del Congreso. Además, planteó que los activos no corren riesgo de disipación, ya que están bajo control estatal y protegidos por la legislación vigente.

La respuesta de Burford y Eton se sumó a la de otro acreedor, el fondo Bainbridge, que también pidió que se rechace la suspensión. La semana pasada, Preska había autorizado que se le pague con acciones de YPF una condena de 95 millones de dólares, correspondiente a un juicio iniciado en 2016 por bonos en default desde 2001.

En la Casa Rosada, fuentes oficiales afirmaron que no habrá negociaciones con Burford hasta que exista una sentencia firme.

Consideran que entregar la mayoría accionaria de la petrolera implicaría un daño irreversible para el patrimonio nacional. Además, sostienen que el monto del fallo, que asciende a más de U$S16.000 millones, puede ser sustancialmente reducido en instancias superiores.