En febrero de 2016, Roberto Espinoza, Héctor Quiroga y Enrique Martínez desaparecieron de un día para el otro. Trabajaban en una quinta de Etcheverry y tenían antecedentes por tráfico de drogas.
De arranque, sus familiares pensaron que se trataba de un secuestro, ya que dos meses antes uno de ellos había sido raptado por policías bonaerenses en San Martín. Una vez que pasaron dos semanas y nadie se comunicó para pedirles rescate, decidieron denunciar.
Después de casi 10 años y 10 cuerpos de investigación, nadie sabe dónde están, no se constató su salida del país y sus cuerpos nunca aparecieron. La investigación, a cargo de la UFI 7 de La Plata, logró identificar a dos sospechosos en la causa: un contador argentino con ciudadanía española que habría conocido a los bolivianos en las cárceles de Devoto y Ezeiza; y su socio, de nacionalidad boliviana. Esta pareja comercial se dedicaría a los envíos de cocaína a Europa y se estima que le debían millones de dólares a los “desaparecidos”, que eran sus proveedores.
Darío Saldaño patrocina a las tres familias de las víctimas. “La Fiscalía pidió su detención”, explicó, pero “el Juzgado de Garantías 1 no la concedió bajo el criterio de que ‘si no hay cuerpos, no hay delito’”. Y ahora los apremia los plazos de prescripción: de no haber novedades, el caso quedará impune en el 2028.
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