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El informe acerca de que uno de cada tres argentinos bebe agua domiciliaria que contiene arsénico, y que detalla que, así, 17 millones de argentinos la consumen en forma regular patentiza no sólo la vinculación existente entre el agua y la seguridad alimentaria, sino que, también, expone el papel central que ese vital elemento desempeña en el presente y porvenir de la humanidad.
La contaminación detectada tiene una fuerte incidencia en la provincia de Buenos Aires, según un informe. Se dijo que, por lo pronto, implica que la ingesta irregular de arsénico en el agua corriente puede causar desde cáncer a graves problemas cardiovasculares.
Tales referencias surgieron de un trabajo realizado por institutos de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se señaló que los niveles de arsénico detectados en el agua de consumo en el país superan con holgura de los raseros recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Tal como se reflejó en este diario la investigación, realizada por el Programa de Medio Ambiente de la Universidad, estableció que la problemática afecta al menos a 12 provincias, pero tiene una fuerte incidencia en la de Buenos Aires, donde muchas localidades registran una presencia de arsénico que supera ampliamente el límite seguro de 0,01 miligramo por litro de agua.
El arsénico es un metaloide tóxico, que puede ingresar al agua potable a través de fuentes naturales (como la erosión de las rocas) o actividades humanas (como la minería y la agricultura).
La ingesta permanente de esta sustancia puede tener efectos graves en la salud, incluyendo problemas cutáneos, cardiovasculares y reproductivos, además de poseer potencial carcinógeno reconocido en humanos.
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Tal como se informó, ante esta situación, el Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires se manifestó en “estado de alerta” por la crisis en el acceso al agua segura para la población argentina, y en particular para la de la provincia de Buenos Aires.
El Consejo bonaerense de químicos sostuvo que esta realidad “no pudo ni pude ser desconocida por las empresas prestatarias y por las autoridades”, así como que “resulta inconcebible que no se realicen los estudios correspondientes, ni los tratamientos adecuados a cargo de personal químico matriculado”.
A título de colaboración, algunos usuarios remarcaron que el alto costo de los análisis de potabilidad del agua en los laboratorios, que rondan los 100 mil pesos, no colabora con la necesidad de que exista conciencia pública sobre la existencia y gravedad de este problema, más allá de que deben tomarse medidas que impidan que se distribuya agua domiciliaria con altos niveles de contaminación inorgánica.
Se trata de un tema acuciante, que merece la mayor de las atenciones por parte de los gobiernos de distintas jurisdicciones y de la sociedad misma.
Es prioritario aquí que el Estado, en coordinación con organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales trabajan con enorme dedicación y eficacia en esta materia, obligue a las empresas extractoras y distribuidoras a evitar este problema, así como que promueva campañas para impulsar una mayor racionalidad en la utilización de un recurso tan sensible como el agua.
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