El financiamiento para las empresas registró un fuerte aumento en las últimas semanas. A mediados de julio, la tasa de adelantos era de 31%, mientras que ahora asciende al 87%. El salto se explica por el fin de las LEFI y la suba de los encajes bancarios, en el marco de una política monetaria contractiva por parte del Gobierno.
Los adelantos en cuenta corriente son líneas de crédito que otorgan los bancos a empresas cuando enfrentan faltantes temporales de caja. Se utilizan, en general, para cubrir baches entre ventas, cobros y pagos. Tienen una duración de entre 1 y 7 días, para montos de $10 millones o más. Son relevantes porque reflejan cuánto cuesta financiar el capital de trabajo cuando se necesita liquidez inmediata.
Cuando el costo de este financiamiento aumenta, muchas veces no pueden cubrir esa diferencia, lo que las lleva a retrasar pagos a proveedores, ajustar producción o postergar inversiones. Una suba de entre 5 y 10 puntos porcentuales en pocos días puede volver inviable el financiamiento del capital de trabajo.
Las tasas por adelantos en cuenta corriente pasaron de 31,4% el 14 de julio a más del 90% un mes después. Desde comienzos de julio, la tasa escaló de manera sostenida: comenzó en 38% el 1° de julio y alcanzó un pico de 93,30% el 14 de agosto. Luego bajó levemente, pero se mantuvo por encima del 80% durante el resto del mes.
En las entidades financieras explican que, ante la escasez de liquidez, los préstamos que más variaron en las últimas semanas fueron los de mayor volumen destinados a empresas. Aunque no prevén un impacto generalizado sobre el tejido empresarial, advierten que esta situación no se puede sostener por mucho tiempo.
El contexto general es de política monetaria contractiva. El Gobierno endureció las condiciones del crédito tras la eliminación de las LEFI a mediados de julio. En el sistema financiero no fue bien percibida esa decisión. Tras tres subas consecutivas de encajes, el sistema bancario enfrenta los niveles más altos desde 1993, según datos de PPI. Esta política forma parte de la estrategia del Gobierno para mantener estable el dólar en un contexto de volatilidad e incertidumbre electoral, con el objetivo de contener la inflación.
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