Caso $LIBRA: ordenan acelerar la investigación

La investigación judicial por el lanzamiento del token $LIBRA, promocionado en redes sociales por el presidente Javier Milei, recibió un llamado de atención por parte de la Cámara Federal. A casi un año del episodio y sin declaraciones indagatorias realizadas, la Sala I ordenó avanzar con mayor rapidez en la causa y consideró insuficientes los embargos dispuestos hasta ahora sobre los imputados.

La decisión fue adoptada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes analizaron un planteo presentado por una de las querellas y resolvieron que el juez del expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, deberá actualizar los montos embargados y acelerar la producción de pruebas para evitar que el proceso quede desnaturalizado.

Hasta el momento, Martínez de Giorgi había fijado embargos por 36.875.000 pesos contra Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Hayden Davis, empresarios señalados como partícipes clave en el armado y lanzamiento del proyecto. Convertido al tipo de cambio oficial, ese monto equivale a poco más de 22.000 dólares, una cifra que la Cámara consideró baja frente al volumen económico que rodeó la operatoria.

Los tres imputados compartieron el momento del lanzamiento del token desde Dallas, donde se habría coordinado la publicación en la blockchain y la entrega del contrato inteligente que luego fue difundido por Milei. Según consta en el expediente, el nivel de gastos de algunos de los involucrados en los días previos al lanzamiento superaba largamente los montos hoy embargados.

Pedido de revisión

El pedido de revisión fue impulsado por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, del equipo del dirigente Juan Grabois, quien representa a un grupo de inversores que denuncian haber sufrido pérdidas tras adquirir el token.

Uno de los puntos centrales del reclamo fue el riesgo de que los imputados puedan desprenderse de activos digitales sin control judicial. En ese marco, la causa ya registró una transferencia en criptomonedas por unos 500.000 dólares realizada por Novelli y Terrones Godoy poco antes de que se dictara una primera medida restrictiva sobre sus fondos.

El patrimonio de los acusados está en el foco. La jueza Servini había dispuesto un congelamiento total de activos. Esa medida fue luego revertida cuando el expediente pasó a manos de Martínez de Giorgi, tras una decisión del juez Ariel Lijo, y la Sala II de la Cámara Federal ordenó reemplazarla por embargos preventivos.

En su intervención más reciente, la Sala I descartó volver al congelamiento general, pero instruyó al juez a redefinir los embargos dentro de los próximos 90 días y a fijar montos diferenciados según la situación patrimonial y el grado de participación de cada imputado.

Además de los tres principales acusados, la causa involucra a María Pía Novelli y María Alcides Rafaele, hermana y madre de Novelli, y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.

La defensa había sostenido que los embargos eran suficientes porque los damnificados que se presentaron formalmente ante la Justicia denunciaron pérdidas de bajo monto y que la existencia de un perjuicio mayor no estaba acreditada. Sin embargo, ese escenario podría modificarse si se acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que aseguran haber perdido cerca de dos millones de dólares operando con $LIBRA.

El juez aún no resolvió ese pedido y solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si los denunciantes tienen actividad en la Argentina, además de un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación. Pese a ello, la Cámara ya dejó constancia de que, de confirmarse esos reclamos, el monto embargado quedaría claramente desfasado.

Lentitud

Más allá de la discusión patrimonial, el tribunal puso el foco en la lentitud del proceso. En su resolución, advirtió que las medidas cautelares no pueden sostenerse indefinidamente sin avances concretos en la investigación y reclamó que se produzcan las pruebas necesarias para definir la situación procesal de los imputados.

El caso $LIBRA se originó el 14 de febrero de 2025, cuando el token fue lanzado y difundido por Milei como una iniciativa para financiar empresas argentinas. Tras ese mensaje, el valor del activo digital se disparó en cuestión de horas y luego se desplomó, generando pérdidas para miles de inversores, mientras otros obtuvieron ganancias significativas gracias a información privilegiada.

La maniobra es investigada como un posible esquema de rug pull y también se analiza si existieron pagos indebidos para promover el proyecto desde una cuenta presidencial. En el expediente figuran denunciados el propio Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario singapurense Julian Peh; y el resto de los involucrados en el diseño y difusión del token.