La polémica por el DNU de la SIDE anticipa una dura batalla legislativa

La polémica por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, que firmó el presidente Javier Milei y que modifica de raíz el sistema de inteligencia nacional al ampliar las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), aterrizó la semana pasada en el Congreso. Fue luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, remitiera formalmente el decreto al Senado y a la Cámara de Diputados, cumpliendo así con el plazo legal para que medidas de este tipo sean giradas al Parlamento.

La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial a fines de diciembre, ya se encuentra vigente, pero ahora deberá atravesar el control legislativo previsto por la ley.

En este sentido, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para dictaminar sobre la validez del decreto. Si no lo hace, cualquiera de las dos cámaras podrá llevar la norma al recinto para su aprobación o rechazo.

Desde su publicación, el DNU cosechó el rechazo de un amplio espectro opositor y de especialistas en derecho.

El controvertido decreto modifica la Ley de Inteligencia Nacional, otorgándole mayores atribuciones a la SIDE, reestructurando áreas como Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y habilitando a los agentes de inteligencia a detener personas halladas en flagrancia —sin orden judicial—, además de declarar “encubiertas” todas las actividades del organismo.

En la elaboración del texto participó el influyente asesor presidencial Santiago Caputo, quien concentra el manejo político de la Secretaría de Inteligencia.

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Rechazo opositor

La decisión presidencial puso en pie de guerra a los sectores más duros de la oposición, que ya trabajan para reunir los votos necesarios para voltearla. Desde Fuerza Patria, incluso, presentaron un proyecto para derogar el decreto, bajo el argumento de que invade competencias del Poder Legislativo y modifica aspectos sustanciales del sistema de inteligencia sin debate parlamentario.

Además del kirchnerismo, otros bloques como Provincias Unidas y la Coalición Cívica expresaron su rechazo, advirtiendo sobre el riesgo de “espionaje político” y cuestionando la ampliación de facultades para la SIDE.

En paralelo, ya hay al menos cuatro presentaciones judiciales para que el decreto sea declarado inconstitucional y “nulo de nulidad absoluta”. Uno de esos planteos, impulsado por la Coalición Cívica, advierte que “dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado que a una cuestión de seguridad interior es la antesala inmediata de un Estado policial”.

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Entre los puntos más cuestionados aparece uno que afecta indirectamente al periodismo: el que amplía el secreto y la responsabilidad por la difusión de información vinculada a la seguridad nacional. El decreto no precisa explícitamente qué tipo de información queda comprendida bajo esa categoría, por lo que periodistas y medios quedarían expuestos a persecuciones judiciales por el solo ejercicio de su trabajo profesional.

Tomando nota de este escenario, los bloques opositores le exigen al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su par del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, la constitución inmediata de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, órganos clave para analizar el decreto y ejercer control sobre los servicios de inteligencia. Hasta el momento, esas comisiones no fueron formalmente conformadas y el debate recién podría activarse en febrero, cuando el Congreso retome su actividad tras el receso.

Desafío libertario

Si bien la ley 26.122 faculta al Congreso a discutir los DNU en cualquier momento, incluso sin dictamen de comisión, el primer desafío opositor será superar el receso y reunir el quórum necesario en ambas cámaras para habilitar sesiones. Para que el decreto pierda vigencia se requiere el rechazo de Diputados y del Senado, un escenario que aún no está garantizado.

Mientras la oposición intenta articular consensos entre bloques fragmentados para lo que se perfila como el primer gran desafío parlamentario del año, en el oficialismo apuestan a que la postergación del tratamiento y la prioridad de otras iniciativas —como la reforma laboral— diluyan el impulso opositor contra el DNU.

En La Libertad Avanza descuentan, además, el acompañamiento del PRO. De hecho, el bloque conducido por Cristian Ritondo, cercano a Caputo, difundió un comunicado en el que elogió la reforma en Inteligencia: “Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, señaló el diputado, que evitó fijar una posición definitiva y se limitó a prometer un “análisis responsable” del decreto.