El Gobierno nacional recibió una intimación judicial para que deje sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que desarticula y elimina las funciones del Programa de Metrología Legal, área encargada de controlar y regular herramientas o elementos con reglamentos nacionales como, por ejemplo, los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos.
Este requerimiento judicial fue solicitado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que accionó contra la gestión de Javier Milei y el objetivo que persigue desde su asunción sobre desestatizar toda dependencia posible de privatización.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, indicó que esta medida “no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, sino que “atenta contra la seguridad” de toda la población. “El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, agregó.
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