Un dirigente de Carrió arremetió contra el Gobierno y le contestaron

El Gobierno y la Coalición Cívica quedaron envueltos en un fuerte cruce público a raíz de la causa que investiga a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con acusaciones de encubrimiento, pedidos de renuncia y un duro comunicado oficial para desmentir lo que calificaron como denuncias “falsas”.

El detonante fueron las declaraciones del legislador porteño Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes en la investigación por la compra de una mansión en Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares, a nombre de un monotributista y una jubilada beneficiaria de un plan social. La sospecha apunta a que serían testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de máxima confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, en un presunto esquema de lavado de dinero.

Tras la decisión judicial que modificó el juzgado interviniente, Del Gaiso y Elisa Carrió endurecieron el tono y denunciaron en redes sociales un supuesto “pacto del Gobierno con Sergio Massa” para garantizar impunidad. El legislador habló de “pruebas obscenas y contundentes”, acusó a la IGJ de destrabar irregularidades millonarias sin controles y cuestionó la falta de veedores y auditorías sobre la entidad que rige el fútbol argentino.

La respuesta oficial no tardó en llegar. En un comunicado conjunto, la Inspección General de Justicia y el Ministerio de Justicia rechazaron de plano las acusaciones y aseguraron que es “falso” que se hayan avalado irregularidades en la AFA o la Superliga. También remarcaron que no se aprobaron balances ni cambios de sede y que la documentación sigue bajo análisis, respetando el debido proceso.

Lejos de descomprimir el conflicto, el cruce escaló. Del Gaiso pidió que el Gobierno reclame la renuncia del titular de la SIGEN de la Comisión Fiscalizadora de la AFA y volvió a cargar contra la conducción del organismo de control. “Vamos a seguir presentando pruebas”, advirtió, mientras desde el oficialismo calificaron sus dichos de irresponsables y defendieron el accionar de la IGJ frente a lo que consideraron un ataque político.