El escándalo por presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense sumó un nuevo capítulo en el plano legislativo local. El presidente del bloque PRO en el Concejo Deliberante, Nicolás Morzone, presentó dos pedidos de informes dirigidos a la vicegobernadora Verónica Magario, y al intendente Julio Alak, para que den cuenta de su actuación ante la gravedad de los hechos denunciados.
Estas iniciativas se suman al proyecto de ordenanza para conformar una Comisión Investigadora ante un caso que califica de “extrema gravedad institucional”.
El requerimiento dirigido a Magario solicita precisiones sobre si las autoridades tomaron conocimiento de las denuncias y qué medidas disciplinarias se aplicaron sobre los imputados, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.
Entre los puntos más críticos del documento, el concejal cuestiona el estado de eventuales sumarios, suspensiones o apartamientos del cargo de los señalados, la existencia de denuncias penales radicadas por la propia institución y el motivo por el cual el Senado “aún no se ha pronunciado públicamente” sobre el tema.
Por otro lado, el pedido de informes hacia Alak y el secretario de Seguridad, Diego Pepe, apunta a determinar si la Municipalidad puso a disposición equipos interdisciplinarios de asistencia psicológica.
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