Debuta el Congreso 2026 con un temario ambicioso y variopinto

Denise Chmois

El Congreso retomará sus actividades formales mañana en el marco de las sesiones extraordinarias que se extenderán entre el 2 y el 27 de febrero. El Gobierno montó un plan ambicioso para el debut del Legislativo en 2026: el temario incluye la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la modificación de la ley de glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y la designación de Fernando Iglesias como embajador.

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A pocos días de la reactivación parlamentaria, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, encabezan las negociaciones del oficialismo con la oposición dialoguista. Pese a que el gobierno nacional goza de una distribución de bancas holgadamente más favorable que hasta diciembre, los gobernadores amenazan con resistirse a la reforma laboral por temor a ver reducidos sus ingresos vía coparticipación.

Reforma laboral, la prioridad

El Gobierno eligió el proyecto de modernización laboral como el punto de partida del paquete de reformas que tiene en mente. La iniciativa que Bullrich tomó como propia ya cuenta con dictamen en el Senado y su tratamiento está previsto -aunque no confirmado- para el 11 de febrero.

Los cambios propuestos en materia legislativa incluyen una reducción del cálculo indemnizatorio y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte patronal del 3%. Además, los salarios podrían abonarse en moneda extranjera o en especie y se habilita la creación de un "banco de horas" que permite acumular horas extra para compensarlas luego con días libres o jornadas reducidas.

En el plano gremial, la iniciativa busca eliminar la cuota solidaria y quitar a las empresas la obligatoriedad de retener aportes sindicales. Asimismo, se amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales que, además, deberán garantizar el 75% de la prestación normal del servicio. Por último, prevé eliminar la ultraactividad de los convenios (la regla por la cual se mantienen vigentes hasta ser reemplazados por otros) para impulsar los acuerdos por empresa.

Al margen de estas modificaciones que componen los ejes de la reforma, el artículo 191 es el que concentra los reclamos de los gobernadores, en tanto reduce el Impuesto a las Ganancias, uno de los tributos coparticipables más relevantes. En consecuencia, afectaría los ingresos de las provincias.

Tres gobernadores peronistas que colaboran con el Gobierno en el Congreso se reunieron con Santilli en la Casa de Salta para reclamar la "revisión del capítulo fiscal": "Analizamos las posibles consecuencias de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias y expresamos nuestra preocupación ante una eventual pérdida de fondos coparticipables", detalló Raúl Jalil (Catamarca) luego del encuentro, del que también participaron Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes se expresaron en la misma línea.

De cualquier forma, aquel artículo desvela a gobernadores de todas las vertientes políticas. Varios de ellos, sin embargo, manifestaron su respaldo al proyecto en general. Se trata de Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro), además del salteño Sáenz.

Ley Penal Juvenil, la novedad

El Gobierno agregó los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias, a través del decreto 53/2026. El oficialismo persigue bajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años. Es decir, que adolescentes mayores de esta edad puedan ser juzgados penalmente. Actualmente este piso está establecido en 16.

Los libertarios argumentan que se trata de una legislación desactualizada y desfasada respecto de los países de la región. El presidente Javier Milei dijo que "el que las hace las paga y delito de adulto merece pena de adulto" en el marco del "Tour de la Gratitud" que encabezó en Mar del Plata.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo: "La edad de 16 años se fijó en 1980. Es una ley que no dice nada. El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores". A su vez, explicó en Radio Rivadavia que la iniciativa busca "aggionarse a la realidad", en línea con los sistemas penales de otros países.

La titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que, si de ella dependiera, la edad a fijar "debería ser incluso un poquito menos" de 13 años: "La tendencia últimamente está alrededor de los 12 y los 13 años más que de los 13 y 14". La funcionaria comparó la legislación argentina con la de otros países latinoamericanos y concluyó que "excepto Brasil, todos los demás países están entre 12, 13 y 14 años", y señaló que "en Europa pasa lo mismo".

Bullrich, además, sostuvo en sus redes que "el que tiene 13, 14 o 15 años sabe lo que hace; y si delinque, no puede volver a su casa como si nada hubiera pasado". Y admitió: "La Ley Penal Juvenil se nos retrasó un poco, pero hay momentos en los que uno tiene que decir 'basta'".
Con este comentario, la senadora hizo alusión al tratamiento legislativo previo que quedó frustrado. Había logrado dictamen de comisión -con la modificación a la edad hasta los 14 años- en mayo de 2025, pero nunca fue llevado al recinto, por lo que el trámite deberá volver a comenzar.

En tanto, durante los últimos días, los mandatarios Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) apoyaron enfáticamente la iniciativa.

Ambiente y diplomacia, también presentes

El Gobierno también persigue modificar la ley de glaciares, proyecto que cuenta con dictamen en el Senado. La iniciativa busca darle potestad a las provincias para decidir si proteger glaciares.

La propuesta permitiría una mayor actividad minera en sitios donde hoy está prohibida, y da respuesta a los reclamos de Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Numerosas agrupaciones del sector científico y organizaciones ambientales se han manifestado contra la reforma.

Por otra parte, los gobernadores patagónicos iniciaron un reclamo -ampliamente respaldado por dirigentes de distintos sectores- para incluir la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias, con el objetivo de recibir fondos extraordinarios, luego de haberse quemado cintos de miles de hectáreas en el sur a causa de los incendios.

El Gobierno decretó la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. En paralelo, envió $4.000 millones a las provincias afectadas y $100.000 millones para el fortalecimiento de bomberos voluntarios, recursos para equipamiento y logística y líneas de asistencia financiera para productores afectados.

El temario de las extraordinarias también incluye el proyecto en el que se aprueba el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE y la consideración del acuerdo para designar embajador a Fernando Iglesias, nombrado representante argentino ante Bélgica y la UE.