El Gobierno prevé enviar el proyecto de reforma del código penal en el primer tramo del período legislativo y lo ubica como una prioridad de su agenda de seguridad. En la Casa Rosada aseguran que existe respaldo social para una reforma estructural y que el debate permitirá exponer diferencias dentro de la oposición.
La iniciativa genera tensiones especialmente dentro del peronismo, donde conviven sectores que apoyan una modernización del sistema penal con otros que rechazan el endurecimiento de penas. El oficialismo apuesta a construir mayorías parlamentarias con sectores dialoguistas y gobernadores que respaldan cambios en materia de seguridad.
De aprobarse, la reforma reconfiguraría el mapa penal argentino. No solo modificaría escalas de penas, sino que redefiniría qué conductas son consideradas delito, cómo se castigan y qué margen de acción tienen los jueces.
Para el Gobierno, se trata de una herramienta indispensable para enfrentar el delito en el siglo XXI. Para sus críticos, el debate abrirá una discusión de fondo sobre el equilibrio entre seguridad, derechos y política criminal.
Lo cierto es que el proyecto promete instalar uno de los debates jurídicos y políticos más importantes de los próximos años.
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