Cómo sigue el escándalo de las viandas en cárceles federales

La Justicia federal de Lomas de Zamora continú con la investigación que involucraría al Servicio Penitenciario Federal (SPF), luego de haber ordenado semanas atrás el allanamiento de las oficinas de su director, Fernando Julián Martínez, por presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos que habrían sido entregados en mal estado a detenidos del penal de Ezeiza.

A su vez, ese mismo día del allanamiento se habría resuelto la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad, proceso que habría vuelto a adjudicarse la empresa Bio Limp.

Años atrás, tras un habeas corpus que denunciaba la entrega de alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza, Villena habría fallado contra la entonces proveedora del servicio, la empresa Foodrush, y le habría prohibido volver a participar de una licitación.

Según se desprende de esa presentación judicial, en aquel momento los internos se habrían negado a ingerir los alimentos y habrían optado por comprar comida en la cantina del penal. El habeas corpus se habría extendido durante un largo período, en el cual se habrían realizado reuniones, inspecciones y peritajes con intervención de la ANMAT, cuyos informes habrían indicado que la comida superaba los valores máximos admitidos para el recuento de Escherichia coli y no habría sido apta para el consumo humano. Los resultados habrían señalado contaminación en los alimentos.

En ese contexto, el juez de Lomas de Zamora había condenado a Foodrush a no poder presentarse nuevamente a licitaciones ante el Servicio Penitenciario Federal en cárceles federales del país.

Sin embargo, en una nueva licitación, Foodrush se había presentado junto a otras dos empresas sin antecedentes en el rubro y Bio Limp, que hasta entonces habría tenido experiencia principalmente en servicios de limpieza.

Según la pesquisa judicial, la firma Biolimp Soluciones de Calidad S.A., que resultó adjudicataria posteriormente, operaba como una empresa pantalla: utilizaba los mismos camiones, los mismos empleados y facturaba montos millonarios a la firma sancionada. Incluso se detectó que vehículos de Food Rush circulaban con ploteos superpuestos de otra razón social, Q-Chef, que comparte domicilio con Biolimp en Avellaneda.